Noticia

$ 67.000 millones en contratos sin control previo

La obligación de informes preventivos de la Contraloría para las compras del Estado fue eliminada en 2008, con la vigencia de la ley de contratación pública. Hoy se analiza retomarla.

Expreso - Mario Avilés 07/08/2017

Sábado 9 de febrero de 2008. En su cadena número 55, el entonces presidente Rafael Correa anunciaba el envío a la Asamblea Constituyente de un novedoso proyecto de ley de contratación pública, cuya vigencia iba a eliminar la facultad legal de la Contraloría General del Estado para hacer análisis previos a los procesos de compras de bienes y servicios del Estado.

El expresidente renegaba de ese sistema de control preventivo (al que tildó de obsoleto) porque consideraba que encarecía y retrasaba las contrataciones de las entidades.

La nueva ley implementó, entre otras innovaciones, procedimientos contractuales, la herramienta del portal electrónico para llevar esas negociaciones y la creación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), como entidad rectora. “Se van a transparentar todas las compras públicas”, pronosticó Correa.

La normativa fue aprobada a mediados de 2008. Desde entonces y hasta 2017 (ya sin el filtro de control de la Contraloría) las instituciones del Estado han contratado $ 67.006’040.955, según los reportes del Sercop (ver infografía).

El mayor contratante es Petroecuador, entidad hoy envuelta en graves escándalos de corrupción. En una reciente entrevista, el gerente de la empresa estatal, Byron Ojeda, reveló que se han entablado juicios por contratos que terminaron costando tres veces más.

Las cifras del Sercop dan cuenta de que solo desde 2015, la empresa petrolera estatal hizo compras de bienes y servicios por $ 1.552’329.747.

¿Las reformas legales mejoraron los controles sobre los recursos públicos? Voces autorizadas consultadas por EXPRESO consideran que el nuevo sistema no ha sido eficaz y, por el contrario (según mencionan), secundó la corrupción.

El Gobierno ahora estudia la posibilidad de efectuar reformas legales para, entre otros fines, restituir los informes previos como exigencia para la contratación pública.

Leer más aquí

Fuente Original

Tweets