Ahora sí se le vino la noche a Correa

Rafael Correa entra de esta manera al baile de los acusados de su década ganada y quizá en abril cambie de estatus: puede haber cargos penales en su contra.

Foto: 4 Pelagatos

Rafael Correa ingresó en la lista de los investigados de la década ganada. El Contralor Pablo Celi informó hoy que notificó a funcionarios públicos de los resultados preliminares de una auditoría realizada a la deuda interna y externa. Entre ellos incluyó a Rafael Correa. Él no se dio por notificado y lo expresó en un tuit en el cual dice que esto es un show montado por la Contraloría para distraerlo de la campaña.

No es verdad. Yo no he sido notificado de nada. Dicen que vino un equipo de Contraloría a Guayaquil para hacer el show de “notificarme”.
Obviamente, además de persecución, esto es para distraerme de la campaña. https://t.co/5KPnBDvvnV

— Rafael Correa (@MashiRafael) January 8, 2018

Correa desdramatizó así la acción de Celi, pero debe aquilatar lo que esto significa para él. Porque fue él quien creó y autorizó mecanismos para contratar deuda, sus montos excesivos con la China, sus plazos, la utilización que se hizo. Fue durante su gobierno que el Ministerio de Finanzas emitió una resolución, en 2010, para mantener en reserva la contratación de deuda hasta que se termine de pagar. Una decisión tan inhabitual como inaudita porque esa reserva es válida mientras se negocian las condiciones del contrato, pero su contenido debe ser público inmediatamente después de firmado. Basándose en esa resolución se contrató deuda durante el correísmo. Y la Contraloría auditará lo que pasó entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de Mayo de 2017.

Correa tiene responsabilidades porque, además de Presidente, lideraba el Comité de Deuda y Financiamiento que debía revisar y aprobar todos los contratos. El conoció el acuerdo interinstitucional que facultó a Petroecuador a convertirse en un agente de contratación de deuda para el Estado ecuatoriano. Él supo y aprobó la preventa petrolera que se propuso a cambio de la deuda. Él autorizó o conocía de la emisión de bonos o del uso de los fondos del Banco Central. Él sabía lo que hizo Richard Espinosa para dar liquidez al Ministerio de Finanzas usando y abusando de los recursos del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social y del BIESS. Él defendió a Espinosa cuando éste borró $2528 millones de las deudas que tenía el Estado con el IESS y que a la postre sumó $2800 millones. Él activó desde el Ejecutivo prácticas absolutamente sui generis mediante las cuales el Ministerio de Finanzas pagó al Banco Central con acciones de entidades públicas como la CFN. De esa forma el gobierno redujo las deudas con Sociedades Financieras y Sociedades de Depósitos como el Banco del Pacífico o el Banco de Desarrollo del Ecuador.

Rafael Correa emitió decretos sobre el tema de la deuda. Uno en particular, el 1218, de octubre de 2016, mediante el cual el peso de la deuda contra el PIB se cambió y se empezó a calcular sobre la base de estados consolidados… Gracias a esto su gobierno eliminó $11.275 millones del endeudamiento público. Lo que buscaba era ampliar la capacidad de endeudamiento y así eludir la obligación de no superar el límite de 40% de endeudamiento con relación al PIB, como está previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En ese sentido y con ese decreto, la deuda cayó de 38.4% a 26.7%. El gobierno no consideró la deuda agregada y excluyó las deudas del Estado con las entidades públicas (IESS, CFN…) y las operaciones de corto plazo entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas.

Si se piensa auditar la deuda interna y externa se entiende que la Contraloría examinará todas estas carpetas. El Contralor hoy no fue tan específico. Por lo que dijo ha avanzado en la auditoría sobre la legalidad, la procedencia y el uso que se dio en el gobierno de Correa de la deuda interna y externa. Esos resultados y los exámenes especiales a los que someterá los contratos de deuda durante cinco años serán auditados, a su vez, por una veeduría ciudadana que hoy anunció y que está conformada por once personas: León Roldós (ex vicepresidente),  Magdalena Barreiro (ex ministra), Ana Abril (ex magistrada), Mariana Yépez (ex fiscal), Alfredo Corral y Marcelo Merlo (ex contralores), Roberto Aspiazu y Patricio Alarcón (del sector empresarial), Eduardo Valencia y Pablo Dávalos (economistas) y Ramiro Crespo (experto en inversiones). Durante tres meses, estos veedores auditarán a los auditores de la Contraloría: para que su informe sea transparente y verídico.

Nadie hasta ahora habla de las responsabilidades políticas, administrativas y seguramente penales de Rafael Correa. En el mismo caso están los funcionarios suyos (ministros, subsecretarios) del Ministerio de Finanzas y del Comité de Deuda y Financiamiento. Pero es evidente que no cabía reserva alguna en la contratación de deuda y que en el manejo que se le dio seguramente hay adulteración de documentos públicos, manipulación o maquillaje de datos, peculado, violación de normas… y de la misma Constitución. Rafael Correa entra de esta manera al baile de los acusados de su década ganada y quizá en abril cambie de estatus: puede haber cargos penales en su contra.

Foto: Parte de la veedores ciudadanos en la reunión con el Contralor Pablo Celi/El Telégrafo.  

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