Altos funcionarios ecuatorianos investigados por dudoso trabajo de relaciones públicas

El Secretario de Comunicación y la embajadora ante los Estados Unidos han sido llamados para rendir su testimonio

The Washington Free Beacon - Por Lachlan Marky 13/10/2014

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí.

El principal funcionario del orden público en el Ecuador está investigando el papel que jugaron dos altos funcionarios de gobierno, incluyendo a la embajadora ecuatoriana en Washington, por un polémico contrato de relaciones públicas en los Estados Unidos.

El Fiscal General del Estado el 3 de octubre llamó a testificar al Secretario de Comunicación Fernando Alvarado y a la embajadora en los Estados Unidos Nathalie Cely, sobre el papel que jugaron en la firma del referido contrato.

El asambleísta ecuatoriano Andrés Páez, quien el mes pasado solicitó la investigación, en este mes reveló dichos procedimientos en un boletín de prensa.

“Todo huele mal”, dijo Páez respecto de la participación de Cely en el contrato que incluyó pagos por servicios de relaciones públicas a nombre del Gobierno ecuatoriano en los Estados Unidos. “Todo esto huele a inmundicia y corrupción”.

Páez se refería al contrato de relaciones públicas por $6.4 millones firmado el año pasado con una pequeña empresa llamada MCSquared PR. La Secretaría de Comunicación (SECOM) dirigida por Alvarado solicitó dicho contrato y Cely lo firmó a nombre de la embajada, según informó Páez.

MCSquared fue aparentemente contratada para promocionar la imagen del Gobierno ecuatoriano en los Estados Unidos.

En la práctica, el trabajo de la empresa se centró casi exclusivamente en Chevron, el gigante petrolero de los Estados Unidos y la supuesta contaminación causada en el Ecuador como resultado de las operaciones de perforación de Texaco en los años 60 hasta inicios de los 90.

Chevron adquirió Texaco en el 2001. En el 2011, un equipo de abogados ecuatorianos y estadounidenses que representaban a los demandantes, obtuvieron una @@sentencia@@ emitida por una corte del país sudamericano por $9.500 millones en contra de Chevron.

Desde el año pasado, MCSquared ha pagado a actores para que protesten fuera de las instalaciones en donde se realizaba la reunión anual de relaciones públicas de Chevron; de igual manera, ha desembolsado cientos de miles de dólares para reclutar a celebridades norteamericanas en viajes pagados a la Amazonía ecuatoriana, y a ha publicado un sinnúmero de avisos criticando a la compañía en los medios principales en los Estados Unidos.

Además de Cely y Alvarado, el Procurador General ha solicitado el testimonio de los ejecutivos de MCSquared Carmen Garay y Jean Paul Borja, los actores Mia Farrow y Danny Glover, a cuyas agencias de talento MCSquared les pagó un total de $518.000 por “contratación de talentos”, así como a la alcaldesa de Richmond, California, Gayle McLaughlin, quien recibió cerca de $5.000 para viajar al Ecuador.

Páez mencionó “graves inconsistencias y precios inflados por servicios” en el contrato con MCSquared.

El registro FARA de la firma ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informa de $1.8 millones en gastos, relató Páez, aunque se le pagó $6.5 millones por su trabajo, según consta en el contrato respectivo.

La denuncia no involucra a Alvarado, Cely o a otra persona en particular en ningún delito, simplemente proporciona la base para una investigación preliminar.

Según la demanda de Páez, el contrato con MCSquared fue uno de nueve firmados por el Gobierno ecuatoriano para conducir actividades de apoyo y propaganda en los Estados Unidos.

El asambleísta aduce que los gastos de Gobierno en estos contratos fueron excesivos. Mencionó que MCSquared pagó $1.2 millones “por la producción de un video” y más de $1 millón por “encuestas y sondeos de opinión”.

Páez además hizo notar que se supo de las potenciales violaciones de MCSquared de las leyes federales de los Estados Unidos por publicaciones del Washington Free Beacon. A pesar de operar en los Estados Unidos a nombre de un gobierno extranjero, la firma no se registró como agente extranjero ante el Departamento de Justicia hasta meses después de que el contrato había expirado.

Todas las actividades de apoyo y propaganda a nombre de cualquier gobierno extranjero deben ser declaradas ante el Departamento de Justicia de conformidad con la ley FARA, una ley promulgada en los años 30 en respuesta a la propaganda Nazi en los Estados Unidos.

“No se cumplió con este requisito puesto que la presentación [FARA] fue hecha solo 15 meses luego de que se firmara el contrato”, anotó Páez.

Garay y Borja brindarán su testimonio el 20 de octubre, según informa Páez en un boletín de prensa. Alvarado rendirá testimonio el 21 de octubre y Cely lo hará el 27.