ABC España 07/06/2017
El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca Mancheno. Foto: ABC España
En apenas cinco días, la mayoría oficialista de la Legislatura pasó de negar una resolución propuesta por la oposición para que la Asamblea Nacional pida información sobre el caso Odebrecht, a designar una comisión parlamentaria que vaya a Brasil y Estados Unidos para recabar más datos. Y plantear un juicio político al contralor general del Estado, Carlos Pólit.
El inesperado giro se produjo tras los allanamientos de oficinas y domicilios, incluido el del contralor general del Estado, que se encuentra en Miami, con licencia médica. Y el de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, Jorge Glas, dispuestos por la Fiscalía general de la Nación, luego de que su titular, Carlos Baca Mancheno, obtuviera, en Brasil, la lista de los involucrados en el caso Odebrecht.
Sobornos por trece millones de dólares, equivalente al 1% de todas las obras contratadas, habría recibido Rivera de la constructora brasileña Odebrecht. Lo dijo la fiscal del caso, Diana Salazar, en la formulación de cargos en la Unidad de Flagrancia, en Quito, adonde Rivera fue trasladado luego de ser arrestado, en su casa, en Guayaquil. Por su edad, hoy tiene arresto domiciliario.
El sospechoso se habría aprovechado de la relación de parentesco que mantenía con «altos funcionarios», arguyó Salazar, pero no mencionó el nombre del vicepresidente Glas. «Para ser autor de cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito se debe ser funcionario público, pero el tío de Glas no era funcionario público; por lo tanto, si le procesan es porque recibió dinero a nombre de otros. ¿Adivinen de quién?» se pregunta el presidente del colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García.
«Hay un familiar que está siendo sujeto de investigaciones (…) que actúe la justicia», reaccionó el vicepresidente, Jorge Glas, quien fue reelecto en las últimas elecciones.
Rivera y otros cincos involucrados son acusados de asociación ilícita y de ser parte de una organización criminal con roles distintos, según los argumentos de la fiscal Salazar ante la jueza Yolanda Mayorga, que lleva la causa.
El presidente Lenín Moreno, que respalda la acción de la Fiscalía, ha pedido la cooperación de Naciones Unidas para combatir la corrupción. La ministra de Exteriores, María Fernanda Espinosa, se reunirá con el secretario general, Antonio Guterres.
Grupos políticos se presentaron este lunes en la Fiscalía para exigir los nombres de aquellos que tendrían fuero de corte, por su rango en el gobierno. Antes de viajar a España, el excandidato presidencial Guillermo Lasso pidió se revele la lista los supuestos sobornados. «Tolerancia cero, caiga quien caiga», dijo. Y la Comisión Anticorrupción pidió al presidente Moreno que, mientras se investigue el caso Odebrecht, retire las funciones encomendadas al vicepresidente Glas.
En Ecuador el ambiente es de estupor. Apenas semanas atrás, Carlos Pólit fue posesionado como contralor en la Asamblea, tras ganar un concurso de oposición y méritos con la calificación de 100/100. Es su tercer período. Hoy se lo acusa de concusión, «abuso de sus cargos para exigir la entrega de cuotas, contribuciones, rentas o gratificaciones»; es decir, recibir coimas, penado con hasta cinco años de cárcel. El allanamiento a su domicilio, en Guayaquil, y a una suite que ocupaba en el Swissotel, en Quito, habría dejado evidencias en su contra. Su abogado, Hernán Ulloa, dijo que se trataba de represalias del fiscal general, porque la Contraloría, días atrás, presentó un informe con responsabilidad penal en contra el fiscal Carlos Baca Mancheno. El fiscal asumió el cargo el 11 de mayo pasado, luego de ganar un concurso. Fue asesor del expresidente Rafael Correa, por tres años.
Por ahora, el país solo tiene preguntas: ¿Llamarán al vicepresidente, Jorge Glas, a la Asamblea? ¿Regresará Pólit para afrontar el juicio político? ¿Cuántos funcionarios más recibieron coimas de la constructora Odebrecht? La corrupción es el tema del momento en Ecuador.
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