CIDH pide medidas a favor de miembros del Consejo de Participación

La solicitud de medidas provisionales es a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García.

En la pregunta 3 de la consulta, se propuso una reestructuración del Consejo que implica la destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio. Foto: Expreso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este 6 de febrero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que adopte medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), afectados por el resultado de la consulta popular del domingo.

La solicitud de medidas provisionales es a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad de que ordene al Estado que se abstenga de destituirlos. Este requerimiento fue recibido el pasado 28 de diciembre por la Comisión.

En la pregunta 3 de la consulta, se propuso una reestructuración del Consejo que implica la destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio.

Los ecuatorianos apoyaron con un 63,15 % de votos favorables a esta propuesta del mandatario Lenín Moreno, aunque esta fue la pregunta que más rechazo reunió de las siete con una oposición del 36,85 %.

“De implementarse el resultado del referendo (...) se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir”, apuntó en un comunicado la CIDH.

Por ello, pidió a la CorteIDH unas medidas provisionales con las que “ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del CPCCS y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho”.

“Incluyendo -añadió- los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos”.

La Comisión recordó que la consulta del domingo “no contó con control constitucional previo” y que solo la Asamblea Nacional a través de un “enjuiciamiento político” puede cesar a los actuales miembros del CPCCS, cuyo periodo va hasta 2020.

En su petición ante la CorteIDH, la CIDH consideró que la situación planteada “podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención (Americana de Derechos Humanos) para el otorgamiento de medidas provisionales”.

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