Continúa hostigamiento contra la libertad de expresión en Ecuador: denuncias de sociedad civil ante la CIDH

Journalism in the Americas - Silvia Higuera 24/03/2015

Continúa hostigamiento contra la libertad de expresión en Ecuador: denuncias de sociedad civil ante la CIDH.

En Ecuador hasta “el humor es hoy motivo de persecución”. Así lo expresó el caricaturista ecuatoriano Xavier Bonilla ‘Bonil’ durante la audiencia ‘Situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador’ el pasado 17 de marzo en el marco del 154 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., Estados Unidos.
Audiencia Situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador. Foto CIDH/ Daniel Cima.

‘Bonil’ al igual que otras organizaciones de la sociedad civil como Fundamedios, la Unión Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Usuarios Digitales denunciaron ante la CIDH el aumento de la hostilidad contra los medios de comunicación, periodistas, pero en general contra la libertad de expresión en el país.

Si bien es cierto que la preocupación por los ataques a la libertad de expresión en Ecuador viene de hace algún tiempo atrás, ‘Bonil’ señaló que la mayor amenaza en la actualidad son los niveles de intransigencia al que se ha llegado, “que serían risibles si no fuera por los riesgos que entrañan”.

Según lo expresado durante la audiencia, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) “cuenta con semiólogos que descifran las intenciones de los humoristas. Y cuando faltan estos, el presidente [Rafael] Correa, sin necesidad de apoyo semiótico, descubre que una página de memes en Facebook tiene la intencionalidad de desestabilizar un gobierno”.

Es por este motivo que para ‘Bonil’ ya no se trata de un problema entre medios y periodistas, y Gobierno, sino de un hostigamiento a la libertad de expresión que afecta “fundamentalmente” a los ciudadanos quienes desde hace algún tiempo ocupan espacios en las cifras de ataques a la libertad de expresión.

De acuerdo con César Ricaurte, de Fundamedios, desde la última audiencia sobre este mismo tema ante la CIDH (en marzo de 2014) las agresiones y amenazas contra periodistas, medios y ciudadanos se han incrementado dramáticamente: un 46 por ciento comprado con 2013. Según señaló, su organización reportó 254 agresiones contra la prensa durante el 2014.

“Y la tendencia no se detiene. Solo entre enero y febrero de 2015 se han reportado 46 nuevas agresiones contra la prensa”, dijo Ricaurte.

El mayor tipo de agresión se relaciona con las decisiones judiciales y administrativas arbitrarias, las cuales representan 132 casos del total de éstas. En segundo lugar se encuentran las agresiones verbales, seguido por el abuso de poder estatal, mientras que la censura se encuentra en cuarto lugar.

De acuerdo con Fundamedios, el primer tipo de agresión generalmente está relacionadas con la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada en 2013. Una ley que, como lo recordó Ricaurte, ha sido señalada por la CIDH, por su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y por otras organizaciones como una que contradice los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

A raíz de la aplicación se han derivado 265 procesos y se han impuesto 82 sanciones contra medios de comunicación y periodistas. “Se castiga a medios por sus titulares, por su línea editorial ‘sensacionalista’, por no rectificar las opiniones de sus articulistas. Se sanciona además al humor, a caricaturistas porque sus dibujos ‘discriminan’, y a programas de comedia por jugar con el doble sentido”.

Estos casos vienen a través de acciones de oficio de la Superintendencia, así como también por acciones emprendidas por funcionarios de Gobierno, políticos, ex candidatos y grupos afines al Gobierno que según Ricaurte son quienes utilizan “intensivamente” la LOC. Una ley que “no ha servido para democratizar la palabra o defender al ciudadano, sino como un instrumento de control de la opinión y la información independientes”, de acuerdo con Ricaurte.

De hecho sobre este tema Fundamedios señaló que la concentración de medios estatales y privados se ha agravado en este tiempo. Destacó el caso de Ángela González quien hace poco compró el grupo El Comercio, uno de los más importante del país. El sector comunitario se encuentra absolutamente “marginado” con solo 17 frecuencias destinadas al sector. Asimismo, destacó que son los medios privados pequeños los que se han visto más afectados con la aplicación de la LOC especialmente a través de multas económicas “que muchas veces superan su patrimonio, poniendo en riesgo su propia existencia”. Durante el periodo de aplicación de la LOC, cuatro medios impresos han cerrado, entre esos el diario Hoy, el segundo más importante de Quito.

Otra de las preocupaciones que expusieron los solicitantes es la enmienda constitucional que continúa en discusión en la Asamblea Nacional con la que cual se pretende convertir la comunicación en un servicio público. Un tema, que según informó Ricaurte, varios organismos internacionales han alertado sobre las repercusiones de esta decisión debido a que “un servicio público es un servicio en el que el Estado de algún modo es el titular” lo que “está bien para el agua, la electricidad, la salud y la educación, pero estamos hablando de libertad de expresión, no de otra cosa”.

La CIDH también escuchó la preocupación que genera la campaña adelantada por el presidente Correa con el objetivo de descubrir las identidades de diferentes usuarios de redes sociales quienes se muestran críticos hacia su administración. Mauricio Alarcón, de Fundamedios, hizo mención al proyecto ‘Somos Más’ mediante el cual se invita a los simpatizantes de su administración, entre otras cosas, a descubrir a estas personas.

Para Alarcón está campaña está poniendo en peligro el discurso anónimo. Según informó, tras hacerse públicas las identidades de algunos usuarios, estos han recibido amenazas de muerte. Sobre este tema, hizo referencia la caso más reciente cuando el administrador de la página satírica Crudo Ecuador tuvo que cerrarla tras recibir amenazas de muerte.

Los peticionarios culminaron su presentación solicitándole a la CIDH, entre otros, la creación de un grupo de trabajo que visite Ecuador y realice un informe después de dicha visita, el cual pueda constatar lo expuesto durante la audiencia.

Por su parte el Estado, como lo ha hecho en los últimos años, dejó vacías las sillas destinadas para sus representantes. Ecuador ha manifestado en diferente ocasiones su rechazo a la CIDH y a su Relatoría Especial a las que acusa de ser parciales en su contra y en el de otros estados.

“Hemos sabido que el Estado no asistirá a esta reunión. Aun así continuaremos, pero expresamos nuestro profundo pesar y decepción, y esperamos que en el futuro [el Estado] vuelva a asistir a las audiencias”, fueron las palabras al inicio de dicha audiencia de Rose-Marie Antoine, presidenta de la CIDH.

El Estado tampoco se presentó en la otra audiencia programada para ese día sobre la ‘Situación de derechos humanos de los líderes y defensores del Pueblo Shuar en Ecuador’.