Correa inscribió su casa en el registro por $ 2.700

Un subregistro que permitió reducir el pago de impuestos. El 21 de noviembre de 2005, el expresidente Rafael Correa firmó la escritura pública con el contrato de compraventa de su casa, ubicada en el exclusivo sector de Monteserrín, en el norte de Quito.

La vivienda en Monteserrín es uno de los tres inmuebles de Correa. Foto: Expreso

Un subregistro que permitió reducir el pago de impuestos. El 21 de noviembre de 2005, el expresidente Rafael Correa firmó la escritura pública con el contrato de compraventa de su casa, ubicada en el exclusivo sector de Monteserrín, en el norte de Quito. Según ese documento, habría comprado esa vivienda en 2.730 dólares. Así consta en varios documentos que se hicieron públicos ayer.

Según el Municipio de Quito, cuando se configura la transferencia de dominio de un bien se deben pagar los impuestos a la alcabala, utilidad y/o sobre el valor especulativo del suelo y una contribución especial de mejoras sobre la base del monto registrado en el acta de compraventa. Es una responsabilidad de los vendedores del inmueble.

El exasambleísta y abogado Enrique Herrería explica que, en ese momento, Correa habría coadyuvado al cometimiento de un delito: la defraudación tributaria. Al poner su firma en el contrato de compraventa, contribuyó a que los expropietarios pagaran un valor menor. Ahora, ya está prescrito ese delito o cualquier responsabilidad, aclara el abogado y profesor universitario Santiago Guarderas, en diálogo con EXPRESO.

En los años posteriores a la compra, el exmandatario cumplió con el pago de los impuestos prediales tomando como referencia el avalúo municipal. Así, por ejemplo, en 2008 el Municipio estableció un avalúo de 64.714, 26 dólares. El impuesto ascendió a 67,89 dólares. Para 2018, la casa del exmandatario ya está avaluada en 422.659,90 dólares. Este año, el impuesto predial fue de 314,28 dólares, más 106,25 dólares correspondientes a las contribuciones especiales por mejoras. Los datos constan en el sistema de consultas del Cabildo capitalino.

Según Guarderas, hay una explicación: las normativas que se expidieron con posterioridad al 2005, entre ellas el Cootad o la Ley de Plusvalía, establecieron la obligación de los municipios de ‘actualizar’ los avalúos catastrales cada dos años. La intención es acercar esos montos al valor comercial.

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