¿Cuántos años de cárcel se ganó Correa?

El informe de la Contraloría, plagado de datos y basado en documentos oficiales, muestra el sistema que se montó durante el correísmo para violar la Constitución y la ley

Rafael Correa si acusó el golpe por los indicios de responsabilidad penal que estableció la Contraloría en su contra y la de sus ministros y funcionarios de su gobierno. Por supuesto, lejos de asumir la realidad de sus actos, la acomodó a su antojo: “¡Imagínense! Responsabilidad “penal” por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI”, escribió en su cuenta de twitter. Pues no, no es por eso. Ese informe, que fue aprobado el 6 de abril pasado y fue presentado ayer, abarcó dos ejes para los auditores: la verificación de que se cumplió la ley en las operaciones de endeudamiento público y la comprobación de que los recursos contraídos fueron recibidos, contabilizados y transferidos a los organismos encargados de ejecutar planes y proyectos. 

Rafael Correa conoce el informe porque Alexis Mera, su abogado, asistió a su lectura y pidió una copia. Sabe que tiene 101 páginas y que el análisis del decreto 1218 al que alude y emitió el 20 de octubre de 2016, se extiende solamente de la página 56 a la página 74. Sabe que ese análisis incluye los reparos de los auditores sino también los descargos que hicieron los funcionarios que aplicaron ese decreto que, en resumen, sirvió para dejar de considerar el endeudamiento público de todas las instituciones, sectores y organismos del sector público. El gobierno de Correa disminuyó así, mentirosamente, el volumen de la deuda pública y pudo seguir endeudando al país por encima del tope previsto en la Constitución del 40% en su relación con el producto Interno Bruto.

Correa no figura, entonces, en el Informe de la Contraloría “por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI”, como lo quiere hacer creer. La Contraloría analiza a lo largo de esas 101 páginas, el sistema que creó su gobierno para efectuar un manejo totalmente discrecional no solo de la deuda externa, sino de su composición, su contratación, los términos de pago, su utilización y la conceptualización que permitió negar un volumen de ella. Correa y su gobierno se pusieron, además, al margen de cualquier control al haber declarado secretos y reservados todos los actos administrativos, contratos, convenios o documentos vinculados con financiamiento público.

Ahora Correa, en su afán de victimizarse, quisiera hacer creer que él es un perseguido político “por decir” que se mida la deuda externa según un mecanismo del FMI en 2016. La historia que investiga la Contraloría arranca en 2010 con la emisión del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que derogó leyes que preveían la composición de la deuda pública. Correa y su gobierno reemplazaron esas leyes y esos reglamentos. Por eso el informe no lo involucra solo a él: incluye a los ministros de Economía y Finanzas, subsecretarios de Financiamiento Público, Directores Nacionales del seguimiento y Evaluación de Financiamiento Público, Coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas.

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