Caso Chevron

Documentos revelan que el Gobierno ecuatoriano organizó protestas en suelo estadounidense

The Washington Free Beacon - Lachlan Markay 24/06/2015

El gobierno de Ecuador organizó protestas que se llevaron a cabo fuera del edificio en el que se estaba debatiendo una disputa legal entre la nación sudamericana y Chevron, el gigante petrolero, según revelan los documentos obtenidos por el Washington Free Beacon.

Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación sudamericana reclutó a expatriados en los Estados Unidos para realizar una concentración en abril en los exteriores de donde se estaban llevando a cabo procedimientos legales del Tribunal Internacional de Arbitraje, según muestran los documentos.

Un informe final presentado por Davila Aveiga Grace Patricia, quien aparece como Jefa de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país, demuestra que varios organismos ecuatorianos estaban colaborando para darle una cara pública a las protestas.

Patricia voló desde Guayaquil, Ecuador, hacia Nueva York, en donde se reunió con el cónsul ecuatoriano Jorge López, indica el informe. Planeaban actividades durante el arbitraje "con la participación de cónsules, expatriados, líderes políticos y los equipos de la embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores".

Posteriormente, Patricia voló a Washington para la audiencia de arbitraje, la cual se llevó a cabo bajo los auspicios del Tratado de Inversión Bilateral (TIB) entre Estados Unidos y Ecuador.

Patricia diseñó una "estrategia de acción, difusión y denuncia que tiene relevancia en relación a las reuniones sobre Chevron". También trabajó para hacer que "los expatriados se unan y continúen la campaña contra Chevron".

Se repartieron materiales promocionales criticando a Chevron, durante los procedimientos de arbitraje, los cuales llevan el sello oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los documentos "confirman que las 'protestas' en el caso Chevron son un teatro meramente político, dirigido por el gobierno de Correa", declaró José Cárdenas, un antiguo alto funcionario del Departamento de Estado y de USAID, refiriéndose al Presidente Ecuatoriano, Rafael Correa.

El TBI, firmado por el Presidente Bill Clinton en 1993, está destinado a facilitar las inversiones entre ambas naciones. Aporta a las empresas privadas de ambas naciones un medio para resolver disputas con el gobierno del otro país.

Los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para perjudicar los procedimientos de arbitraje a través de protestas públicas sugieren una falta de respeto a los mecanismos de resolución de disputas del tratado, declaró Cárdenas.

"Es sin duda sumamente inadecuado que un gobierno organice protestas ante un tribunal internacional como éste", declaró Cárdenas, ahora asociado a la empresa de lobby político, Visión Américas.

Ni Patricia, ni la embajada ecuatoriana en Washington respondieron a solicitudes de comentarios.

Correa ha sido un crítico de Chevron durante mucho tiempo, la cual ha luchado contra los intentos para hacer cumplir un fallo ambiental de $9 mil millones contra la empresa, obtenido en un tribunal ecuatoriano en 2011. Un juez federal estadounidense dictaminó el año pasado que el fallo se obtuvo a través de un esquema de extorsión criminal.

Chevron presentó cargos contra Ecuador ante el Tribunal de Arbitraje Internacional, en un intento de prevenir que el gobierno hiciera cumplir el fallo en otros países. Los cargos determinaban que Correa y otros funcionarios de gobierno habían influido indebidamente en los procedimientos judiciales en Ecuador.

En las afueras de los recintos en donde se llevaban a cabo los procedimientos de arbitraje, el Ministerio de Relaciones Exteriores distribuyó panfletos acusando a Chevron de llevar a cabo "una campaña de difamación política contra el gobierno ecuatoriano", entre otras acusaciones.

El gobierno ecuatoriano ha negado durante mucho tiempo que estuvo implicado en obtener la @@sentencia@@ contra Chevron, insistiendo en que los procedimientos del tribunal fueron objetivos y apolíticos.

Sin embargo, estos documentos revelan que la campaña de altos funcionarios del gobierno para presionar a Chevron a cumplir con un proceso legal que la empresa ha mantenido durante mucho tiempo, se vio corrompida por el soborno y la extorsión.

Para Correa y su gobierno, las sutilezas legales del caso son de menor interés que el potencial del caso para la agitación política, afirmó Cárdenas.

"El teatro es más importante en la mentalidad de estos gobiernos populistas izquierdistas...que cualquier revisión imparcial de los hechos", afirmó. "En la cosmovisión populista, todas las 'reglas' se hacen para quebrantarse porque fueron instauradas por potencias 'imperialistas' para explotar a los Estados más pequeños y más débiles.…los hechos no importan. Es todo político".

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original puede ser visto aquí.

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