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El caso Odebrecht se relaciona con la red de coimas de Petroecuador

El empresario Diego Cabrera habría intermediado en el pago de sobornos de la firma brasileña y Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador

El Comercio - Gabriela Quiroz y Sara Ortiz 17/07/2017

Durante los allanamientos a las casas de Ramiro Carrillo y Diego Cabrera, en Quito. Foto: El Comercio

Durante los allanamientos a las casas de Ramiro Carrillo y Diego Cabrera, en Quito. Foto: El Comercio

La Fiscalía identificó el papel que jugaron los dos últimos detenidos en el caso Odebrecht. El empresario Diego Cabrera habría intermediado en el pago de sobornos de la firma brasileña y Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador, se habría beneficiado de las supuestas coimas. Ambos fueron arrestados en Quito, el pasado 30 de junio.

 En la investigación se descubrió que Vladmau Construcciones -empresa constituida en diciembre del 2008- al parecer entregó a Carrillo USD 202 050, entre 2012 y 2015, “por servicios que jamás existieron” y cuyo origen sería Odebrecht. Esto reveló la fiscal Diana Salazar, en la audiencia.

Estos pagos estarían relacionados con el contrato adjudicado a Odebrecht para construir el Poliducto Pascuales-Cuenca (USD 369,9 millones). El convenio fue suscrito por Carrillo, el 17 de octubre del 2013, tras recibir plenos poderes del gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, detenido por delincuencia organizada. Como representantes de la contratista firmaron los brasileños Mauricio Grossi y Claudemir Simoes Dos Passos.

Vladmau ha obtenido contratos desde el 2009 en el sector público, principalmente, por mantenimientos y reparaciones en la Refinería de Esmeraldas. Según el registro público del Sercop, entre 2009 y 2012, Vladmau tuvo 19 contratos por USD 1,5 millones. En los siguientes tres años ganó 12 contratos con Petroecuador, por el monto de USD 6,9 millones. Durante el 2016, año en el que se destapó la red de corrupción en Petroecuador, no aparece ningún contrato.

Nexo con la red de corrupción de Petroecuador

Vladmau también formó parte del consorcio World Wide Energy (WWE), que arrancó el 1 de junio del 2015, con otras dos contratistas de Petroecuador: Legadoil y Promanti. Un mes después de constituido el consorcio, el 3 de julio del 2015, Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Refinación, firmó un contrato con WWE sin concurso para rehabilitar una unidad de la refinería, por USD 18,1 millones, cuando el presupuesto referencial era de 11 millones.

WWE registró transferencias a Servbrahe y Hesomite, por USD 25 000, a cada una, en 2016 y su procurador común, Juan Carlos A., también pagó otros USD 170 000, en el 2014 a las dos firmas, según el informe de la Unidad de Análisis Financiero. Estas dos empresas son de Jelice Herrera, esposa de Álex Bravo, ambos sentenciados por cohecho.

En el caso de Promanti, su representante, Eduardo Valderrama, fue sobreseído dentro del caso de delincuencia organizada. Esto se dio luego de que el fiscal José Maldonado emitiera dictamen abstentivo por supuestamente no existir elementos de convicción para demostrar el supuesto cohecho y quedó en libertad.

Este Diario buscó la versión del representante legal de Vladmau vía telefónica, por correo y visitó el 6 de junio pasado la dirección registrada en la ‘Súper’ de Compañías, en el Pinar Bajo, norte de Quito, pero no hubo respuesta.

Durante la visita, una mujer de la tercera edad, que se identificó como dueña del inmueble, indicó que no tiene relación con los propietarios y “solo se les presta la dirección”. Las oficinas de Vladmau están en Esmeraldas.

El abogado de Carrillo negó la relación con Vladmau en la audiencia y este Diario intentó ubicarlo vía telefónica y a través del Colegio de Abogados de Pichincha, pero no fue posible. La fiscal Diana Salazar solicitó la semana pasada que Vladmau detalle qué relación tenía con Carrillo, pues al parecer trabajó ahí. Otro dato irregular sobre el patrimonio de Carrillo es que en su declaración dijo que tenía una casa, en el norte de Quito, valorada en USD 141 000, pero el avalúo real es de USD 300 000. El exfuncionario registra transferencias al exterior por USD 56 248 y como beneficiario aparece su nombre, pero no declaró sus cuentas extranjeras ni justificó los giros bancarios.

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