El correísmo ahora sí galopa hacia su ocaso

Cedatos atacado, allanadas sus oficinas, perseguidos sus responsables. ¿Por qué Rafael Correa también ataca, en forma despiadada, y amenaza abiertamente a la organización Participación Ciudadana?

Foto: 4Pelagatos

Cedatos atacado, allanadas sus oficinas, perseguidos sus responsables. ¿Por qué Rafael Correa también ataca, en forma despiadada, y amenaza abiertamente a la organización Participación Ciudadana? ¿Por qué la acusa de hacer parte de un montaje de la derecha cuando el juez de la contienda, Juan Pablo Pozo, es suyo, el sistema informático es suyo, el sistema de propaganda es suyo y solo lo suyo es oficial?

¿Por qué miente diciendo que el conteo rápido de Participación Ciudadana no daba para declarar un empate técnico cuando esa medición tiene un margen de error de 1% para arriba y para abajo? ¿Por qué dice que Participación Ciudadana no dio a conocer sus datos cuando él sabe que los entregó al CNE? ¿Por qué lo hace cuando sabe que responsables de AP hicieron circular un supuesto 51% de Participación Ciudadana a favor de Moreno (lo saben José Serrano y Omar Simon) antes de que esa organización firme el acta de  entrega al CNE?

La respuesta es sencilla: Correa amenaza, Correa miente, porque lo que esperaba era que Cedatos y Participación Ciudadana legitimaran el triunfo de Lenín Moreno. Y como no lo hicieron, porque sus datos no les daban, pues ahora los denigra, los acusa sin pruebas y para forjarlas manda a las fuerzas del orden a allanar las oficinas de Polibio Cordova. Es escalofriante leer en la orden de la Fiscalía que interviene manu militari por “la presunta información falsa emitida”.

Obviamente, esas organizaciones tienen obligaciones legales. Pero en un Estado de derecho, hay vías legales y mecanismos jurídicos para que las autoridades pidan pruebas y descargos. Correa y su gobierno (con el concurso cómplice y silencioso de Lenín Moreno) han decidido pasar a las vías de hecho. Ahora allanan a la fuerza, como en Venezuela. Usan encapuchados, como en Venezuela. Detienen a manifestantes en moto, como en Venezuela. Importan extranjeros para dirigir la represión, como en Venezuela. Aplican la fuerza a las organizaciones que no legitiman su voluntad. O su intento, cada vez más plausible por las evidencias que ellos mismos crean, de fraude. Como en Venezuela.

Es inaudito que el propio Presidente aúpe estas acciones desde su cuenta de Twitter. Que acuse sin pruebas. Que interprete resultados a su acomodo. Que haga linchamiento mediático. Que cree un clima de violencia contra organizaciones y personas solamente porque sus deseos no coinciden con los resultados de un exit poll y de un conteo rápido.

La lógica con la que procede el gobierno es condenable y es insostenible. ¿Pretende zanjar las diferencias numéricas que hay con los datos de su CNE, allanando y persiguiendo? Si eso fuera razonable y legal, la oposición podría pedir que hagan lo mismo la encuestadora oficial (Perfiles de Opinión) y con la empresa de la Politécnica Nacional porque sus datos no coinciden con los deseos de Guillermo Lasso.

En el país es obvio que hay un problema alrededor de las cifras de la segunda vuelta. Pero el gobierno ha decidido zanjarlas sin respetar siquiera sus propios protocolos institucionales. Correa, Omar Simon, Rossana Alvarado, el aparato de propaganda y hasta el propio Presidente del Consejo Nacional Electoral están desesperados por legitimar a Lenín Moreno. Se han dedicado a crear un estado de opinión denostando y deslegitimando a Cedatos y a Participación Ciudadana cuyas cifras no son de su gusto. Ahora pasan a la fuerza, usando el fiscal que estuvo elegido meses antes de empezar el concurso. Un asesor de Correa. Les sirve, como les sirve Juan Pablo Pozo.

Imponer por la fuerza a Moreno es el peor suicidio político que el correísmo pudo imaginar: así solo echa leña al fuego que corre por las calles del país. Ratifica todas las peores sospechas de que Moreno está reclamando el título de presidente porque no lo obtuvo limpiamente en las urnas. Acaba con su propia farsa institucional pues el juez de este dilema, Juan Pablo Pozo, en vez de liderar el procesamiento de las impugnaciones de CREO, se reúne con el cuerpo diplomático para prevaricar. Para declarar cosa juzgada un tema que está en disputa.

El correísmo ya no trota, galopa hacia su ocaso.