En justicia, la década para el olvido

Si hay alguna función del Estado que ha trabajado mal desde hace mucho, sin duda es la Judicial.

Si hay alguna función del Estado que ha trabajado mal desde hace mucho, sin duda es la Judicial. Basta ver las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, para darse cuenta de la forma deplorable en que se ha manejado nuestra justicia. Mientras Perú (Barrios Altos o La Cantuta), Colombia (Masacre de Mapiripán o 19 Comerciantes), Brasil (Nogueira de Carvalho o Guerilha do Araguaia), Argentina (Baigorria y Garrido o Bulacio) recibían sanciones como Estado por los desafueros de su ejército, policía o grupos paramilitares de izquierdas o derechas, el Ecuador (Suárez Rosero, Tibi o Chaparro y Lapo) ha sufrido sentencias condenatorias por lo hecho por sus jueces. Nos cabe el dudoso honor de haber sido uno de los países que más ha impulsado el desarrollo de la jurisprudencia interamericana, pues nuestros administradores de justicia han cometido tal cantidad de errores, que varias de las condenas insignia, emitidas por el máximo órgano de protección de derechos humanos en la región, han tenido al Ecuador como destinatario.

Este fue el escenario que encontró la Revolución Ciudadana cuando llegó en 2007 y supo sacarle provecho. Primero nos vendió la idea de que la normativa obedecía a una visión ideológica, que criminalizaba a los menos afortunados, llegando incluso a amnistiar a más de dos mil personas, procesadas por narcotráfico menor. Obviamente esta medida no estuvo acompañada de otras estructurales, que eviten que estos escenarios de inequidad se repitan, y la política en materia de control del microtráfico actual es tan o más represiva que en los 80. En 2009 se decidió meter mano en la conformación del Consejo de la Judicatura, y en 2011 hacerlo con respaldo popular. En este ejercicio de democracia directa, el poder gubernamental se comió, nada más y nada menos que el carácter excepcional de la prisión preventiva, es decir, asumir como propia la propuesta punitivista que las derechas habían enarbolado hasta entonces.

Como puntos positivos deben señalarse la emisión del Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, cuerpos normativos que, sin embargo, han tenido serios problemas en su implementación y que han precarizado el ejercicio profesional del derecho. Ahora fácilmente puede tomarle a un abogado dos horas el presentar un escrito o revisar un proceso. 

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