Gobierno y exjueces negocian pago total de indemnizaciones

El Gobierno y los representantes legales de 27 exjueces de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ) entraron en un proceso de negociación para el segundo pago de la indemnización que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por haber sido ilegalmente destituidos del cargo en el 2004.

Quito- El Gobierno y los representantes legales de 27 exjueces de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ) entraron en un proceso de negociación para el segundo pago de la indemnización que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por haber sido ilegalmente destituidos del cargo en el 2004.

Con este pago, que se concretaría en bonos del Estado, empezaría a correr el segundo año de plazo que tiene el Estado, a través de la Procuraduría, para presentar los juicios de repetición (devolución de recursos), que están contemplados en la Constitución, cuando se han vulnerado derechos.

En marzo del 2013, tras un proceso de diez años, la CorteIDH aceptó una demanda de los exmagistrados y ordenó el pago de la indemnización en tres dividendos de $ 140 mil.

El primero fue cancelado en marzo del 2014, el segundo debe cumplirse el próximo mes de marzo y el tercero, en el mismo mes del 2016.

Sin embargo, voceros de los exjueces señalaron que entraron en proceso de negociación para determinar que los dos últimos dos dividendos sean pagados en una sola cuota, para cerrar la deuda y allanar el camino para la presentación de los juicios de repetición.

Hugo Quintana, expresidente de la CSJ, explicó: “Nos notificarán por lo menos ocho días antes del pago y con esto se sabrá si nos hacen un solo pago en efectivo o en bonos”.

Según la Constitución, el Estado podrá lograr recuperar los valores que pagó como consecuencia de las sentencias iniciando juicios de repetición en contra de los funcionarios que tomaron la decisión de destituir a los exjueces sin garantizar el @@debido proceso@@, como lo afirmó la CorteIDH en su fallo.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que la posibilidad de presentar juicios de repetición vence en tres años contados a partir del pago por parte del Estado.

En el caso de los siete exvocales del Tribunal Constitucional, que también fueron destituidos de forma ilegal según la CorteIDH, el plazo empezó a correr porque ya se canceló el total de la indemnización.

Por tanto, el Estado ya puede, de acuerdo con la normativa vigente, presentar los juicios de repetición para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Los exintegrantes de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional fueron destituidos en el 2004 por una mayoría parlamentaria afín al gobierno de Lucio Gutiérrez.

Según Mauro Terán, exvocal del desaparecido TC, los responsables del rompimiento constitucional serían el exjefe de Estado y los exdiputados que votaron por esa decisión.

“Nosotros pedimos en la demanda ante la CorteIDH que se disponga el juicio de repetición, pero esa instancia resolvió que es un asunto de la jurisdicción interna”, dijo. (I)

CRONOLOGÍA

2004, diciembre
El Congreso destituye a los 31 magistrados de la CSJ y los reemplaza por la denominada ‘Pichicorte’.

2005, abril
El expresidente Lucio Gutiérrez, mediante decreto, destituye a la ‘Pichicorte’.

2007, enero
Varios exjueces demandan al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una destitución ilegal.

2011, julio
La CIDH emite un informe y recomienda al Estado su restitución o indemnización.

2013, agosto
La CorteIDH notifica al Estado la @@sentencia@@ que dispuso la reparación económica por el daño causado a los judiciales; son cerca de 400.000 dólares para cada uno de los exmagistrados.