Juicio a Chevron en Ecuador (2003-Presente)

Interferencia del Gobierno (2007)

Intromisión del Gobierno en el proceso judicial contra Chevron

09/01/2013

El Presidente viaja en el helicoptero al “toxic tour”. A su lado Luis Yanza y Pablo Fajardo.

El Presidente viaja en el helicoptero al “toxic tour”. A su lado Luis Yanza y Pablo Fajardo.

A inicios del 2007 el Gobierno ecuatoriano empezó a interferir públicamente en el juicio. El 20 de marzo de ese año la Presidencia de la República emitió un comunicado titulado: “Gobierno respalda acciones de asamblea de afectados por petrolera Texaco”. En el boletín se manifiesta: “el respaldo del Gobierno Nacional se traducirá en ayudar a recopilar pruebas y en apoyar a las poblaciones afectadas por la contaminación producida por Texaco”. 

Un mes después el Presidente de la República, Rafael Correa, y varios miembros de su Gobierno fueron invitados por los abogados demandantes a un “Toxic Tour” de la región para denunciar a Chevron públicamente. El Presidente fue llevado a pozos y piscinas de exclusiva responsabilidad de Petroecuador, donde atacó a la empresa estadounidense—a pesar de que ésta había cumplido sus obligaciones de remediación—en vez de referirse a la estatal que había pasado por alto sus compromisos como socio mayoritario del Consorcio.

En septiembre de 2008, tras pedidos de los demandantes y presión del Ejecutivo, el Fiscal General, Washington Pesántez, reabrió una indagación contra los abogados de la compañía que firmaron un Acta Final con el Gobierno ecuatoriano, liberando a Texaco de toda responsabilidad por haber cumplido con sus obligaciones de remediación. Esta ilegal reapertura de la causa se produce a pesar de que dos fiscales generales anteriores habían determinado que no hay indicios para acusar a alguien en relación a la remediación que realizó la empresa.

En el 2010, a raíz de la indagación, dos abogados de la empresa y varios ex funcionarios de Petroecuador fueron acusados sin sustento alguno de “falsedad ideológica”. En mayo de 2011, la Corte Nacional de Justicia en primera instancia desestimó la acusación. Sin embargo, el Estado apeló, insistiendo en una acusación falsa.

Estos son solo dos ejemplos de la interferencia directa del Gobierno en un proceso judicial en el cual el Estado ni el Gobierno son parte.

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