Caso Chevron

Justicia corrupta

Esta sentencia es la radiografía de la justicia ecuatoriana impuesta a fuerza de destituciones, por "error inexcusable", de jueces no serviles al narco-comunismo, durante la década infame

La Hora - Orlando Amores Terán 24/09/2020

Justicia corrupta / Foto: Shutterstock

Justicia corrupta / Foto: Shutterstock

Los jueces sumisos al  narco-comunismo, por orden del régimen, debían fallar siempre a favor del Estado, sin importar los hechos. De allí que han provocado centenares de infamias en el país, que están siendo revertidas por la actual Corte Constitucional, algunos jueces de la Corte Nacional y la Corte de Distrito de La Haya que falló a favor de Chevron, en contra de la República de Ecuador, confirmando el Laudo Arbitral del 2018, que determinó que el fallo ecuatoriano de 9.500 millones de dólares contra Chevron, se obtuvo mediante fraude, corrupción, soborno al juez y redacción clandestina de la sentencia.

Desestimó las acusaciones ambientales contra Chevron, estableciendo que Chevron completó un programa de remediación ambiental supervisado y aprobado por Ecuador, que exonera los reclamos en los que se basó la fraudulenta Sentencia ecuatoriana.

Declaró la validez del laudo, rechazó el pedido de anulación planteado por Ecuador. Cuantificará el monto de los daños que Ecuador le adeuda a Chevron, por los costos en los que ha incurrido, exponiendo el fraude en su contra y defendiéndose del mismo; así como los daños derivados del incumplimiento, por parte de Ecuador, de los laudos arbitrales que le obligaban poner fin al fraude.

Concluyó: las órdenes del tribunal procuraban "eliminar las consecuencias de una Sentencia fraudulenta, dictada por un juez corrupto". Esta @@sentencia@@ es la radiografía de la justicia ecuatoriana impuesta a fuerza de destituciones, por "error inexcusable", de jueces no serviles al narco-comunismo, durante la década infame.

Es producto de "la metida de mano en la justicia", que según el innombrable, lo hacía porque la justicia era corrupta; lo cual institucionalizó corrupción, mediocridad, abuso e impunidad, destruyendo por completo, la incipiente majestad de la Judicatura, convirtiendo a la justicia, en lacayo del delincuente que dirigía el país y su organización criminal. El Estado tiene la ineludible obligación de repetir contra el mandatario y el procurador general, que provocaron estos bochornosos hechos a nivel internacional.

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