Caso Chevron

Justicia cruda

El Comercio - Sebastián Hurtado Pérez 12/03/2013

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El Gobierno ecuatoriano se apresta a concretar la denuncia -extrañamente luego de transcurridos seis años de su administración- de algunos tratados bilaterales de inversión que obligan al Estado a someter sus decisiones a tribunales extranjeros, en sus disputas comerciales con inversionistas. Esta decisión ignora que la aversión de los inversionistas extranjeros -y locales- a las cortes ecuatorianas, está plenamente justificada.

Basta recordar que el muy disfuncional sistema judicial de nuestro país vive hoy un enésimo proceso de reforma, de la mano de un Gobierno que declaró abiertamente su intención de "meter las manos en la justicia", para arreglar un sistema al que veía como corrupto e ineficaz. Y si bien algunos inversionistas consideran que las reformas en marcha tienen el potencial de mejorar las cortes de justicia, todos coinciden en que el Gobierno mantendrá una influencia enorme en las decisiones judiciales de su interés. Si ni los inversionistas locales están dispuestos a confiar en el sistema en sus disputas con el Estado, menos cabe esperar de los extranjeros.

Lo ocurrido en el juicio que se ventila en una corte de la provincia de Sucumbíos, en contra de la petrolera Chevron, muestra claramente muchos de los vicios que aquejan al sistema judicial ecuatoriano. Quizá Chevron tiene alguna responsabilidad financiera por el impacto que la operación de la compañía Texaco tuvo en la selva ecuatoriana y en las comunidades que ahí habitan. Sin embargo, éste ha dejado de ser el tema en discusión, una vez que salieron a la luz indicios de fraude, @@corrupción@@ y manipulación política alrededor del proceso judicial.

A partir de estos hechos, a Chevron le ha resultado relativamente fácil descalificar la @@sentencia@@ que recibió en Ecuador mostrando ante cortes internacionales la manera poco convencional -por decirlo menos- en que han actuado los abogados que representan a los demandantes y algunos funcionarios de las cortes de justicia. Y a pesar de que el Estado no es parte de la demanda, cada @@declaración@@ del Ejecutivo sobre este y otros casos judiciales, ha servido también a la compañía para exhibir al sistema judicial local como poco imparcial y altamente politizado.

Es en este contexto que se pretende descalificar a los centros internacionales de arbitraje, sin voltear a mirar la responsabilidad que han tenido muchos actores locales en los reveses que el país ha sufrido en éste y en otros casos.

El Presidente de la República ha dicho que "estos tratados privilegian el capital transnacional por sobre el ser humano, aquí cualquiera nos lleva a todo centro de arbitraje, sin acudir a ninguna instancia nacional, primero". Se trata efectivamente de un privilegio injusto. Bueno sería que cualquier "ser humano" y no sólo el "capital transnacional", pudiera tener la posibilidad de llevar al Estado ecuatoriano ante un centro de arbitraje internacional.
 

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