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La costosa defensa internacional del Estado

Los pagos a estas firmas son millonarios, y en estos no se incluyen los gastos por viáticos que los funcionarios de Procuraduría reportan para reuniones en el exterior o asistir a audiencias y diligencias judiciales o relacionadas con los arbitrajes.

Plan V 16/05/2018

En un solo año se han gastado cerca de USD 13 millones en burós jurídicos internacionales para defender causas internacionales del Estado ecuatoriano; además, otros 620 mil se gastaron en promoción. Foto: Plan V

En un solo año se han gastado cerca de USD 13 millones en burós jurídicos internacionales para defender causas internacionales del Estado ecuatoriano; además, otros 620 mil se gastaron en promoción. Foto: Plan V

14 estudios jurídicos en Estados Unidos, España, Panamá, República Dominicana, Suiza, Colombia y Perú se encargan de la representación en una treintena de casos, que incluyen demandas contra Ecuador y otras planteadas por el país. Los pagos a estas firmas son millonarios, y en estos no se incluyen los gastos por viáticos que los funcionarios de Procuraduría reportan para reuniones en el exterior o asistir a audiencias y diligencias judiciales o relacionadas con los arbitrajes.

Más de USD 12 millones destinó el Gobierno ecuatoriano, solo en el 2017, para pagar a estudios jurídicos internacionales para que defiendan al país en los arbitrajes, juicios y controversias que enfrenta. Una revisión de los pagos de la Procuraduría General permite determinar cuáles burós actúan internacionalmente en nombre del Estado y en qué causas.

14 estudios jurídicos en Estados Unidos, España, Panamá, República Dominicana, Suiza, Colombia y Perú se encargan de la representación en una treintena de casos, que incluyen demandas contra Ecuador y otras planteadas por el país. Los pagos a estas firmas son millonarios, y en estos no se incluyen los gastos por viáticos que los funcionarios de Procuraduría reportan para reuniones en el exterior o asistir a audiencias y diligencias judiciales o relacionadas con los arbitrajes.

La Procuraduría señala en su página web que se ha evitado el pago del 83% de las cuantías que las empresas solicitaban en los arbitrajes internacionales ya terminados. Sin embargo, no consideran en este monto los gastos en honorarios, pagos a los centros de arbitrajes, costas judiciales e incluso viáticos.

Solo por honorarios, el Estado pagó USD 12.9 millones en 2017. La defensa en los casos más importantes por las altas cuantías que los demandantes (generalmente empresas petroleras que abandonaron el país después de controversias con las autoridades) está a cargo de cuatro estudios jurídicos que funcionan en varios países pero tienen su sede en Estados Unidos: Dechert, Foley & Hoag, Squire & Sanders y Winston & Strawn.

Dechert Paris es el estudio que mayores pagos ha recibido. Esta firma se encarga de al menos 10 casos, según los reportes de la Procuraduría. Entre los más importantes, en los que representa a Ecuador, están los procesos arbitrales con Chevron Texaco, Burlington, Occidental y Perenco, todas empresas petroleras que han planteado controversias en contra del Estado ecuatoriano. Solo en 2017, a Dechert se le pagaron USD 4.8 millones por sus servicios.

Todos los casos que el Ecuador llevaba internacionalmente hasta el año anterior no están actualizados en el reporte que la Procuraduría presenta en su web. Por ejemplo, los procesos contra las empresas incautadas Fabrec y Ecudos no aparecen en este listado, aunque sí se reportan pagos a firmas jurídicas por estos casos.

Tampoco están registradas en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos las firmas que trabajan desde ese país. Las empresas que ofrecen servicios en suelo estadounidense para un gobierno de otro país deben registrarse en el Foreign Agents Registration Act (FARA). Para brindar servicios al Gobierno de Ecuador solo está registrada la firma Hogan Lovells, que brinda asesoría legal a la Unidad de Análisis Financiero. De hecho, los contratos con estas firmas no se hacen a través de licitaciones o procesos públicos, por lo que no se registran en el portal de Compras Públicas.

Pero los honorarios no son el único pago que realiza el Estado por todos los procesos internacionales que enfrenta. En 2017 se han realizado pagos por USD 1,2 millones a las instituciones en las que se llevan los casos.

De esta manera, por las causas internacionales se canceló en el 2017 un total de USD 14,04 millones que cubren los honorarios de los estudios jurídicos que llevan las causas, y también las costas judiciales.

La promoción de las causas internacionales

Para la Procuraduría General del Estado también es una prioridad que los casos internacionales tengan una buena difusión en otros países. Por esto, ha contratado a dos firmas de relaciones públicas para la elaboración de campañas de comunicación y para la producción de eventos en el exterior.

Sumco Services LLP es una empresa de relaciones públicas ubicada en el 3023 Maple Drive, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Richard W. Summers es quien dirige esta compañía. En total, en 2017, Sumco Services recibió USD 183.970,80.

Esta empresa, en 2015, fue contratada por la Procuraduría para la realización de siete eventos para la presentación del libro referido al caso Chevron en Washington, Nueva York, París, Londres, Oxford, Lima y Santiago de Chile. Esa adjudicación,según la resolución 27 de la Procuraduría, no se realizó a través de un proceso de selección de varias ofertas en el sistema de Compras Públicas, por tratarse de una contratación en el extranjero.

Sin embargo, según el reporte de pagos de 2017, la firma recibió recursos por otros motivos. En marzo, Sumco Services recibió USD 85.690,80 por la difusión de la película “El Juego Sucio”, que abarca el litigio entre Chevron Texaco y Ecuador, en las ciudades de Barcelona y Pamplona, en España.

La empresa además recibió USD 49.140 por un evento no especificado en la ciudad de Washington, y USD 49.140 más por la realización de seis eventos para la presentación del libro "Visión crítica del arbitraje de inversiones desde la experiencia del Ecuador".

Otra empresa, Miren LLC Marketing and International Networking, se encarga de brindar el “servicio de medios de comunicación, relaciones públicas y proyección de imagen de la institución y del país en las principales ciudades de EE.UU.”. Esta empresa tiene sede en Suwanee, también en el estado de Georgia, en el 3900 Baluster Ct. Quien la dirige es Tomás Peribonio, exministro de Gobierno de Alfredo Palacio.

La empresa Miren, que toma el nombre de la hija menor de Peribonio, ha recibido USD 286.096,77 en 2017, a través de 12 pagos en todo el año con la misma descripción de más arriba. El Washington Free Beacon denunció en 2015 los pagos a esta empresa por el concepto de servicio de relaciones públicas, aduciendo una supuesta cercanía entre Baca y el entonces procurador Diego García. Los pagos se mantuvieron todo el 2017, sin especificar las actividades.

En el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tampoco están registrados los contratos con ninguna de las dos firmas. Sin embargo, sí aparece un contrato a nombre de la Procuraduría, con el consultor Felipe Carlos Benítez Rojas. El contrato es firmado entre Benítez y Peribonio, quien actúa como delegado del Procurador García.

En el contrato, suscrito en 2015, se señala que Benítez brindará apoyo al lanzamiento en los Estados Unidos de un libro escrito por el entonces procurador García. El costo de este contrato fue de USD 14.500, un monto mucho más bajo de lo que ha recibido Miren en 2017. Benítez se comprometió a acordar entrevistas telefónicas y presenciales en Estados Unidos con el Procurador.

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