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Ecuador en las Noticias

“La Justicia Está Subordinada A Los Intereses De Correa”

22/07/2015 Focus -

Enrique herrería bonnet, abogado y exlegislador, lidera un observatorio particular de la justicia en ecuador que concluye que el sistema judicial está completamente sometido al gobierno que lidera rafael correa.

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Enrique herrería bonnet, abogado y exlegislador, lidera un observatorio particular de la justicia en ecuador que concluye que el sistema judicial está completamente sometido al gobierno que lidera rafael correa. Herrería expone casos en los que denuncia la distinta vara con la que son juzgados aliados de la revolución y sus opositores. Y propone que una nueva asamblea constituyente desmonte la supraestructura “perversa” que montó el correísmo para sus intereses políticos.

Usted lidera un observatorio particular de la justicia en el Ecuador. ¿Cuál es el balance que ha desarrollado y los resultados que encuentra, a partir de la reestructuración de la Función Judicial por el gobierno de Rafael Correa?

El Observatorio inició sus actividades hace dos años y hemos podido hacer un análisis exhaustivo, intenso, minucioso, objetivo, imparcial, en el relato de los casos que hemos revisado. Y encontramos que hay un deterioro de la justicia grave. Una concentración de poder político subordinando a la justicia a los intereses del gobierno nacional. Esto se inicia con la consulta popular que hizo el presidente con varias preguntas, entre ellas crear un Consejo de la Judicatura interino para llevar adelante la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que culminó siendo cuestionado por Baltazar Garzón, quien presidió una veeduría internacional para observar si había sido pertinente el proceso de selección de la Corte. Él cuestionó, no solamente la parte de selección de los magistrados, sino incluso en los procedimientos administrativos llevados a cabo.

“Y hubo un punto muy importante: se refiere a una figura que se encuentra en la ley Orgánica de la Función Judicial que se llama “el error inexcusable”. Esto es una descripción vaga, una frase ambigua, laxa, que le permite al Consejo de la Judicatura actual, el que preside Gustavo Jalkh, realizar una intromisión administrativa con facultades jurisdiccionales en el sistema de justicia.”

Con esa atribución administrativa para poder sancionar, incluso con destitución a los magistrados de todo nivel, desde la Corte Nacional hasta los de primer nivel, con esa acción administrativa irrumpe groseramente en facultades privativas de los jueces de todo el país.

¿Esa figura de error inexcusable fue tomada, tal vez, con el modelo de otros países?

El único parangón que he podido encontrar es con la ignorancia inexcusable, que se encuentra en las disposiciones normativas del sistema judicial español. Pero hay una diferencia entre ignorancia inexcusable y error inexcusable. La ignorancia inexcusable no se permite en un juez porque significa el desconocimiento de la norma; el error es susceptible que lo cometamos cualquier ser humano y el error es perfectamente reparable, con lo que en Derecho se llama el doble conforme o los recursos. Si un juez de primer nivel comete un error de procedimiento en la sustanciación de la causa, la parte afectada puede recurrir ante el superior, si es juez de primer nivel puede recurrir ante la Corte Superior, puede recurrir a Casación, incluso le queda la posibilidad de la Acción Extraordinaria de Protección, es decir, dentro de la justicia ordinaria existen algunos recursos a los que se puede comparecer para hacer valer los derechos y exista la reparación procesal del daño causado por el juez.

El error inexcusable puede ser reparado por el propio sistema de justicia en los niveles superiores. Mientras que la ignorancia inexcusable, según el sistema de justicia español, es desconocimiento de la norma por parte de un juez y la falta de aplicación de la norma, se equipara al prevaricato y origina que se abra un expediente en contra del juez, en el sistema administrativo español, pero mientras tanto sigue la causa ante los tribunales superiores y serán estos los que determinen si, efectivamente, existió esa ignorancia inexcusable. En ese evento, recién en ese momento, el sistema administrativo de la justicia española puede sancionar al juez.

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