La Senain usó gastos reservados hasta para las bielas

Los gastos secretos de la era de Rommy Vallejo van desde lo indelicado hasta lo ilegal. Tras dejar su puesto en el Gabinete no hay investigaciones en su contra.

Eran tiempos de bonanza. Documentos firmados por el contralor subrogante Pablo Celi, obtenidos por la Posta, revelan el manejo indelicado e ilegal que Rommy Vallejo, entonces todopoderoso de la Inteligencia ecuatoriana, imprimió a los gastos reservados, exclusivos para la Seguridad Nacional. 

Seguridad Nacional era, a criterio de Vallejo, cualquier sinvergüencería, pagada con dinero de los ecuatorianos y justificada ante nadie. Por eso, liviano de neuronas y rubor, firmó cheques para cancelar el comprobante 015 de 2014, pagando $ 15 mil por un vídeo de siete minutos sobre la violencia de género. La campaña altruista hubiera sido permitida para la Secretaría del Buen Vivir, el Ministerio de Justicia o incluso el de Interior. Pero a Vallejo le pareció vital para mantener la seguridad nacional del país, pagar por un vídeo así. Alejado de su oficio desembolsó los $15 mil por un vídeo sobre la violencia de género que, apunta Pablo Celi, ni siquiera aborda el tema en Ecuador sino sobre las estadísticas de Panamá. Da igual. Lo pagamos todos. 

Para justificar sus ilegalidades, Vallejo, quien dejó el cargo hace dos meses con la coletilla presidencial de “agradece sus servicios” en el mensaje de la Secretaría de Comunicación, inventaba con facilidad nombres infantiles como fachada para el mal uso de fondos públicos: Operación Minerva, bautizó al desembolso de $ 133 mil para una campaña que -apunta el contralor- “apoyó la imagen de Augusto Barrera como candidato a la Alcaldía y a la vez generó imagen negativa para Mauricio Rodas también candidato”, romper la Ley de Seguridad del Estado por desvío de fondos y la Ley electoral por utilización no autorizada de fondos para campaña no era algo que preocupara a Vallejo. Operación Noé, llamó al pago de $ 140 mil para medir a Augusto Barrera, Jaime Nebot y la Marcelo Cabrera en una encuesta orientada a medir “las tendencias de votación a nivel nacional para las seccionales de 2014”. Operación Dark Trace, denominó a las violaciones a la privacidad de ciudadanos ecuatorianos, cuando pagó -siempre según el contralor- $ 240 mil y $119 mil por “intrusiones en sitios web y redes sociales de políticos y partidos políticos ecuatorianos”.

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