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Ecuador en las Noticias

Los nombres que firmaron con Odebrecht

06/06/2017 Expreso - Andersson Boscán

Cuatro ministros y dos secretarios de Estado. Todos pertenecen a los sectores estratégicos

Miembros de la Policía Judicial allanaron la empresa DIACELEC dentro de las investigaciones del caso Odebrecht. Foto: Expreso Miembros de la Policía Judicial allanaron la empresa DIACELEC dentro de las investigaciones del caso Odebrecht. Foto: Expreso

Miembros de la Policía Judicial allanaron la empresa DIACELEC dentro de las investigaciones del caso Odebrecht. Foto: Expreso

Al punto. Odebrecht, según sus delatores, pagaba sobornos a funcionarios e intermediarios para beneficiarse de contratos en 12 países (incluido Ecuador), donde en la última década se hizo con una quince de adjudicaciones y ejecuciones por más de $ 4 mil millones. Luego de seis meses, las autoridades siguen a la búsqueda de los beneficiarios finales de esas coimas, una investigación que se ha inaugurado formalmente con la ola de redadas del viernes último.

Pero la tarea bien pudo haber empezado por el principio: con los responsables de los contratos con la compañía. Solamente uno de ellos ha respondido ante la justicia. Ninguno ha sido llamado a declarar ante la Fiscalía o, peor aún, comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

EXPRESO, tras una revisión de la documentación de contratación pública e informes de Contraloría relacionados, presenta a los responsables jurídicos y políticos de las 12 adjudicaciones (más tres obras ejecutadas en este período) que convirtieron a Odebrecht en la compañía mimada de los codiciados sectores estratégicos.

En la lista destacan los exministros y secretarios de Estado:

Jorge Marún, encargado del Ministerio de Obras Públicas en los inicios del correísmo, adjudicó a los brasileños la construcción del aeropuerto de Tena (por $ 34 millones) bajo invitación directa, gracias a uno de los muchos decretos de emergencia con los que Correa impulsó la modalidad.

El exministro de Hidrocarburos Pedro Merizalde, quien renunció tras seis años en la cúpula petrolera como uno más de los damnificados por los Papeles de Panamá, firmó un contrato por $ 299 millones con Odebrecht cuando lideraba la Refinería del Pacífico. La compañía fue una de las 14 oferentes, pero obtuvo el casi perfecto puntaje de 99,7 sobre 100, bajo públicas acusaciones de “favoritismo”, alertadas por sus competidores.

Lejos del papel pero cerca del proceso se encuentra el exministro de Energía Esteban Albornoz, hoy asambleísta por Alianza PAIS, bajo cuya administración fueron firmados dos contratos por el monto inicial de $ 142 millones, a través de la Corporación Eléctrica: Pucará y Manduriacu. Ambas, en la mira de la Comisión Cívica Anticorrupción, fueron firmadas por Víctor Hugo Jácome, funcionario de nivel medio, y el gerente de la Celec, Eduardo Barredo. El proceso de Pucará evitó también el concurso público bajo la modalidad de licitación directa y en la construcción de Manduriacu, Odebrecht fue la única oferta.

El caso lo repite el hoy detenido Alecksey Mosquera, exministro de Energía, a quien la Fiscalía acusa de haber recibido un millón de dólares en soborno (calificado por el expresidente Correa como “un acuerdo entre privados”) por el contrato que firmó el prefecto de Pichincha Gustavo Baroja para levantar el proyecto Toachi Pilatón. De la lista, Mosquera ha sido el único requerido por la Justicia para investigaciones.

La Secretaría del Agua administrada por Walter Solís, quien fuera luego ministro de Obra Pública, concedió, también por invitación directa, un contrato de $ 260 millones a la empresa brasileña. El proceso estuvo a cargo de Carlos Villamarín, un funcionario de menor rango que manejaba la comisión interna de licitaciones y que se encuentra detenido desde el viernes último.

A nivel de gerencias generales de obras públicas destacan los petroleros: Marco Calvopiña, detenido por la red de corrupción enraizada en las contrataciones de Petroecuador, quien siguió recomendaciones del Directorio para aprobar el poliducto Pascuales-Cuenca, pagando $ 370 millones a la empresa de Marcelo Odebrecht. Y Bismark Andrade, que en 2013 adjudicó $ 222 millones para el proyecto La Esperanza, en favor de Odebrecht, una de las seis compañías que postularon para la obra, pero la única que, según los informes internos, “cumplía” con todos los requerimientos. La única.

El gerente general de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz Hidalgo, completa el circuito con una de las últimas obras concedidas a los brasileños, las vías de Manduriacu, en 2014, por $ 26 millones.

Apartado especial, por tratarse de un Gobierno autónomo descentralizado, merecen los contratos con el Municipio de Quito para las fases I y II de la Ruta Viva: ambas, según los registros, fueron firmadas por la administración de Augusto Barrera, hoy secretario de Estado de Lenín Moreno. El proceso, por 60 millones de dólares cada tramo, estuvo a cargo del gerente de la empresa municipal de obra pública, Germánico Pinto Troya.

Las bancadas de oposición CREO-SUMA, el socialcristianismo y las minorías consideran que las explicaciones de los responsables políticos contribuirían al esclarecimiento de un caso enredado, casa adentro. PAIS apuesta por buscar información como lo había negado hasta el momento: con solicitudes casa afuera.

La ruta hacia los nombres

El exlegislador Christian Viteri, quien siguió de cerca los hilos de Odebrecht, considera que el primer e ignorado paso en la investigación de la trama de corrupción es conocer la versión de la cadena de funcionarios involucrados en la contratación.

“Es el paso más elemental. Si la Comisión de Fiscalización y la Fiscalía tienen voluntad para investigar el caso, lo primero son los responsables de los contratos”, dijo a Expreso el exasambleísta, expulsado de PAIS.

Los contratos, a juicio de Viteri, son la guía que, advirtió desde un inicio, ahorrarían tiempo y esfuerzos al país.

Con él coincide Marcelo Larrea, de Democracia Sí. Larrea ha resumido el dilema en una frase: “No necesitamos la lista de Odebrecht, allí están los contratos”, manifestó ayer en entrevista con medios digitales.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión (PAIS), no atendió ayer a las consultas de este Diario sobre la posibilidad de que su mesa convoque a los responsables jurídicos y políticos.

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