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MCSquared: ¿dónde están los USD 4,9 millones?

Plan V 16/12/2014

La Procuraduría argumenta que cierta información reservada del Estado ecuatoriano podría caer en manos de Chevron, pero la firma de relaciones públicas no justifica sus gastos.

La Procuraduría argumenta que cierta información reservada del Estado ecuatoriano podría caer en manos de Chevron, pero la firma de relaciones públicas no justifica sus gastos.

La empresa de relaciones públicas con sede en Nueva York, MCSquared, tendría hasta este 22 de diciembre para responder a la orden de un juez de la ciudad de NYC para que revele todos los detalles del trato con el gobierno ecuatoriano.

MCSquared, cuya principal accionista es una ciudadana ecuatoriana, obtuvo un contrato por USD 6,4 millones de dólares para actividades de relaciones públicas para el gobierno del presidente Rafael Correa. El contrato lo firmó la embajadora del Ecuador en Washington DC, Nathalie Cely, pero fue pedido por el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien a su vez es administrador del contrato.

La empresa presentó sus reportes con un año de retraso ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de acuerdo a la ley FARA, que obliga a toda empresa estadounidense a reportar de inmediato actividades, contratos e ingresos de un gobierno extranjero en territorio estadounidense. Debido a esa ley, MCSquared había justificado operaciones por USD 1,5 millones, pero aún falta por conocerse públicamente el reporte de los USD 4,9 millones restantes.

El tema estaba estacionado en ese punto, cuando el 25 de noviembre, un juez federal de Nueva York ordenó a MCSquared entregar todos los documentos relacionados con su trabajo para el gobierno ecuatoriano. El juez Stephen Kaplan respondió afirmativamente a una acción legal (discovery) de la multinacional petrolera Chevron.

Kaplan, aceptó citar a MCSquared para que entregue documentos y testifique sobre el contrato con el Ecuador. Según el presidente Rafael Correa este contrato buscaba combatir en Estados Unidos la supuesta arremetida de la petrolera contra el Estado. Chevron mantiene un litigio ambiental por 20 años con decenas de afectados en la Amazonia ecuatoriana. Una @@sentencia@@ en Lago Agrio en donde ordenó a Chevron pagar USD 9.500 millones por contaminar parte de la Amazonía.

 

The Wall Street Journal, uno de los diarios financieros más importantes del mundo, reportó que "la compañía petrolera quiere los detalles que en la relación con MCSquared puedan ser relevantes para su afirmación de que el gobierno del señor Correa está trabajando para desacreditar a Chevron".

The Wall Street Journal, uno de los diarios financieros más importantes del mundo, reportó que "la compañía petrolera quiere los detalles que en la relación con MCSquared puedan ser relevantes para su afirmación de que el gobierno del señor Correa está trabajando para desacreditar a Chevron y de "promover el cumplimiento" de lo que Chevron dice que fue un juicio fraudulento".

"Esa evidencia es relevante para los casos en curso de Chevron en jurisdicciones de otros países", dijo la compañía en su informe el 24 de noviembre, citado por TWJ.

Luego de conocerse la noticia, el gobierno ecuatoriano se movió rápidamente. El 4 de diciembre ingresó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York una petición para intervenir "como parte interesada", en la acción que interpuso la petrolera estadounidense Chevron, contra la empresa de MCSquared PR Inc. Para el Procurador del Estado ecuatoriano, la acción de intervenir en un asunto que compete a una empresa privada estadounidense se justificaría en el sentido de que "la intervención del Ecuador está dirigida a proteger sus derechos soberanos y privilegios sobre aquella información sobre la cual Chevron intenta tener acceso".

En un comunicado oficial, el procurador Diego García Carrión explicó que la Acción 1782 es, de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos, una forma para obtener información necesaria para los litigios que se efectúen fuera de dicho país, citó a su vez el diario El Universo sobre el tema.

"La acción presentada por Chevron Corporation no deja de ser parte de la estrategia de la compañía por tratar empañar el nombre del Estado de escapar de su responsabilidad del daño ambiental causado”, señaló el procurador García.

El Gobierno ecuatoriano estaría tratando de evitar la divulgación de información sobre el contrato de MCSquared con el gobierno. La empresa ni el gobierno han respondido pedidos públicos como el del asambleísta del opositor movimiento CREO, Andrés Páez, sobre cómo se gastaron los USD 4,9 millones de dólares que la empresa no ha justificado todavía ante el Departamento de Justicia estadounidense.

En la moción para intervenir ante la Corte el gobierno sostuvo que el descubrimiento de la Corte puede violar a la inmunidad soberana del Ecuador. En el pedido, Chevron no ha solicitado documento alguno al gobierno ecuatoriano, a pesar de que está tratando de comunicaciones y tratos entre MCSquared y funcionarios ecuatorianos.

De acuerdo con Chevron, esas comunicaciones pueden revelar detalles del papel del Gobierno ecuatoriano en la promoción de la demanda en contra de la multinacional.

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