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Odebrecht: Ecuador sin pistas y EE. UU. presiona

06/01/2017 Expreso Ecuador -

Una congresista pidió revelar los nombres de los involucrados. El fiscal y el embajador en ese país fueron a la Asamblea.

Quito. El fiscal Galo Chiriboga y el embajador en EE. UU., Francisco Borja, en la Comisión de Fiscalización. (Karina Defas / Expreso) Quito. El fiscal Galo Chiriboga y el embajador en EE. UU., Francisco Borja, en la Comisión de Fiscalización. (Karina Defas / Expreso)

Quito. El fiscal Galo Chiriboga y el embajador en EE. UU., Francisco Borja, en la Comisión de Fiscalización. (Karina Defas / Expreso)

Una congresista pidió revelar los nombres de los involucrados. El fiscal y el embajador en ese país fueron a la Asamblea.

Se sigue moviendo. La investigación por el caso Odebrecht, donde el dueño de la compañía brasileña, Marcelo Odebrecht, admitió el pago de 33,5 millones de dólares en sobornos en Ecuador, tuvo ayer doble vía.

En el país, el embajador de Ecuador en Washington, Francisco Borja, y el fiscal general, Galo Chiriboga, rindieron cuentas ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para admitir que el Gobierno no cuenta con ningún dato que permita identificar a los funcionarios corruptos que recibieron los pagos.

El diplomático aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos que lleva a cabo la investigación no ha facilitado los nombres. Pero que sí ha recibido el pedido de asistencia penal internacional remitido por la Fiscalía ecuatoriana (ver nota adjunta).

En Estados Unidos, por otra parte, la congresista republicana Ileana Ros-lehtinen remitió una carta a la fiscal general de ese país, Loretta Lynch, para solicitar que se hagan públicos los nombres de los funcionarios ecuatorianos involucrados bajo la sospecha de que sea “altamente improbable que la justicia ecuatoriana” permita el acceso a la información a las puertas de una elección.

La congresista sustentó su pedido basándose en “los intereses de la seguridad nacional estadounidense”, así como “los millones de ecuatorianos que buscan un gobierno que provea de derechos humanos y libertades a su pueblo”.

La carta remitida recogía los múltiples señalamientos sobre “impunidad” y “corrupción” que prevalecen en los casos ecuatorianos “que involucran a funcionarios públicos”, así como la falta de independencia en el sistema judicial ecuatoriano.

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