Odebrecht, el último intento de Correa por mantener la máscara

El gobierno se precia de haber actuado “en función de los intereses de la Patria” y con un profundo sentido de la soberanía.

El gobierno quiere sacar a Odebrecht de su pasado y actúa como si no la conociera. Que siempre la mantuvo a raya, dice ahora, como corresponde a una compañía que estafó al país entregándole una central hidroeléctrica de 600 millones (San Francisco) que colapsó a los siete meses por deficiencias técnicas y errores de diseño. Deficiencias y errores motivados, básicamente, por la corrupción. Cualquier persona medianamente conectada sabía, mucho antes de que Marcelo Odebrecht cayera preso y empezara a cantar, que la constructora brasileña arreglaba millonarios sobreprecios. Y que tenía “comprados a varios funcionarios del Estado”, como admitió el propio Rafael Correa en 2008, cuando la expulsó. En ese entonces el presidente dijo que conocía la magnitud de la corrupción y sabía quiénes eran los corruptos. Luego se le olvidó: nunca dijo sus nombres. Nunca hizo nada. Hasta ahora, cuando el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Odebrecht viene a desempolvar esas viejas historias y a revelar otras muchas, como por ejemplo la existencia de un auténtico “departamento de sobornos” en el organigrama de la compañía. Entonces el gobierno ecuatoriano se rasga las vestiduras y sale a responder el informe con un comunicado oficial en el que proclama su inocencia al mundo y lanza una advertencia: que a nadie se le ocurra involucrarnos. “No permitiremos”. “Tampoco aceptaremos”.

Nosotros expulsamos a Odebrecht, empieza diciendo su respuesta oficial. ¿Quieren una mejor prueba de nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción? La echamos del país por la estafa del proyecto San Francisco y porque era una empresa corrupta y corruptora. Cierto es que la trajimos de vuelta a los dos años, pero sólo “luego de que aceptara todas las condiciones impuestas por el gobierno nacional”. Y volvió para ser controlada. La obligamos a pagar una reparación económica por los daños causados. La pusimos a participar en licitaciones para que se ganara sus contratos. La cercamos con auditorias independientes y diáfanas con el aval incuestionable de la Contraloría. Es decir, la mantuvimos vigilada para evitar que corrompiera a los funcionarios públicos de manos-limpias-mentes-lúcidas-y-corazones-ardientes.

En eso consistió la relación del gobierno con Odebrecht según el comunicado oficial. Por todo ello “queda extremadamente claro” –continúa– que “la conducta del gobierno nacional siempre ha sido transparente y decidida en función de los intereses de la patria”. A partir de ahí la retórica es la de los sábados: somos-gente-de-manos-limpias-y-no-permitiremos-que… Es la fórmula correísta para lavar conciencias. No permitiremos que, con acusaciones “selectivas y a veces claramente sesgadas”, se pretenda empañar el honor “hasta al propio vicepresidente de la República” (que conste que lo nombran ellos). “Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que, para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio”.

Tiene gracia: los actos de corrupción de los que se han declarado culpables los directivos de Odebrecht los cometieron con la complicidad, entre otros, del gobierno ecuatoriano que hoy les niega credibilidad por ser corruptos. Odebrecht compró funcionarios en este país durante este gobierno. Los compró igual que en todos lados: sistemáticamente. Y esto ocurrió no sólo, como dice el comunicado y dio a entender Alexis Mera para despistar, entre 2007 y 2008, años inmediatamente anteriores a su expulsión, sino entre 2007 y 2016, como consta claramente en la página 29 del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.  O sea que después de expulsarla del país por corrupta, el gobierno volvió a traer a la constructora brasileña para que siguiera corrompiendo. ¿Y ahora sale con que “no permitiremos que”, “tampoco aceptaremos que”? No parece hallarse el gobierno ecuatoriano en la posición (la posición moral, sobre todo) para permitir o no permitir nada en este caso.

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