Otro frente entre los indígenas y el Estado

Tres organizaciones indígenas rechazaron la detención de seis huaoranis Esta semana visitarán la comunidad.

Fuente: Expreso

El escenario sigue complicándose. La relación entre el Gobierno y los indígenas es cada vez más tensa y no se avizora solución. La detención de seis integrantes de la comunidad Huaorani es otra raya más al tigre.

Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que la detención (ocurrida el 7 de enero) es ilegal. Los miembros de la comunidad son acusados de sabotaje por la Fiscalía luego de la toma de un campo petrolero de Petrobell, ubicado en Tigüino, entre Pastaza y Orellana.

Herrera y Viteri añadieron que el pueblo indígena debería demandar al Estado por las constantes irregularidades. Se referían, por ejemplo, al tratamiento que se dio a la Ley de Tierras y de Agua

Herrera sostuvo además que la detención no se cumplió en la empresa sino en la comunidad. Según él, los acusados no participaron de ningún hecho irregular. Lo que adelantó es que el pueblo huaorani está inconforme con la actividad petrolera en su territorio.

Con él coincidió el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Franco Viteri. Por eso solicitó una auditoría petrolera en el Oriente. Hay que saber, indicó, dónde existen pozos y si en esos lugares hubo consulta previa para la operación extractivista.

Los dos basaron sus opiniones en los argumentos legales que presentó ayer en rueda de prensa Nina Pacari, exmagistrada de la Corte Constitucional. Ella explicó que la aprehensión es una "violación a los derechos humanos".

Herrera y Viteri añadieron que el pueblo indígena debería demandar al Estado por las constantes irregularidades. Se referían, por ejemplo, al tratamiento que se dio a la Ley de Tierras y de Agua.

También está latente el conflicto de la Conaie con el Ministerio de Inclusión Económica y Social por la sede de la agrupación, en Quito. El 6 de enero, según ordenó esa secretaría de Estado, los miembros de la Conaie debían desalojar la casa. Un día antes, la ministra Betty Tola anunció que estudiará un pedido de la organización y que en dos meses se tomará una decisión. Es decir, el tema continúa en el aire.