Plan C

La República 07/10/2013

Esta es la tercera carta bajo la manga: librarse de toda culpa, y adjudicársela al mundo, a las transnacionales, a los medios –por supuesto- y, lo más insólito, a los propios ciudadanos, de un plan que según el asambleísta amazónico Cléver Jiménez se inició en julio del 2009 con la entrega del bloque 31 a Petroamazonas para que empiece la explotación de petróleo en el corazón del Yasuní (larepublica.ec sept.14/2013)

En mayo, Petroecuador derramó 11.400 barriles de crudo en el Río Coca y prendió la alerta roja en Brasil y Perú. En seguida resonó en el mundo que en Ecuador hay en promedio un derrame por semana. En agosto el presidente anunció que sí explotará el Yasuní-ITT por no haber recaudado 3.600 millones de dólares que le pedía a la comunidad internacional para aceptar dejar el petróleo bajo tierra, culpó al mundo por hipócrita y hasta a los ecuatorianos con la campaña:  “¿Y tú qué hiciste por el Yasuní?”.  Para hacernos olvidar los derrames frecuentes en la Amazonia ecuatoriana emprendió la campaña en la que asegura que su proyecto extractivista dejaría apenas “la mínima huella”.

Simultáneamente, el propio presidente reforzó su cruzada mediática contra la petrolera estadounidense Chevron. En un tour al pozo Aguarico-4, creó la instantánea de “la mano negra”, queriendo demostrar que la transnacional no realizó la limpieza de las piscinas que fue acordada e inspeccionada por el Estado ecuatoriano en 1998 y sellada ante tribunales de lo contencioso internacional, para dar por finalizado el acuerdo de concesión y ante la inminente compra de Texaco por Chevron (2001).  Dato curioso: Aguarico-4 fue convertido en pozo reinyector de agua en 2003 por Petroecuador y, según afirma Chevron, forma parte del porcentaje de remediación correspondiente a la estatal.

Pero tanta furia tiene un motivo: El gobierno ecuatoriano conoce desde hace un año que este 15 de Octubre se inicia en Nueva York un juicio amparado en la ley Rico (Ley contra el Crimen Organizado) a todos los involucrados en el juicio en Ecuador que ahora se deberán presentar como demandados: abogados, jueces, asesores, peritos, por acusaciones de fraude, soborno, chantaje y pretensión de lucrar con este proceso. Sabiendo lo que se avecina, el gobierno ecuatoriano ha intentado ganar en los medios lo que ya viene perdiendo en los tribunales internacionales, como la reciente decisión de la Corte de La Haya en favor de Chevron,

Desde 1976 hasta 1990, Texaco y Petroecuador operaron los campos petroleros como consorcio Texpet-CEPE, y a partir de 1992 Petroecuador fue accionista absoluto. En 1995 Texpet inició la remediación de 162 piscinas acuerdo a su participación accionaria inicial (menos del 40%).  Petroecuador empezó recién en octubre del 2006 la remediación de su porcentaje de piscinas, y no lo había concluido hasta la reapertura del caso en la Fiscalía que con la elección de Rafael Correa y la asesoría de su secretario Alexis Mera, los abogados del Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) lograron. Con la conducción del abogado estadounidense Steven Donziger, los demandantes obtuvieron el fallo de la Corte de Lago Agrio por daños y perjuicios por la cantidad de 8.6 mil millones de dólares (más 10% para la FDA), en febrero del 2011, suma que fue duplicada como sanción a Chevron por no pedir disculpas públicamente.

La Corte de Nueva York juzgará si Donziger y los abogados de la FDA corrompieron el juicio en Ecuador, influenciando en la elección del Juez Nicolás Zambrano, en la del @@perito@@ Richard Cabrera, si alteraron informes de expertos asesores, y si el Juez Zambrano leyó 50 mil páginas –de un expediente de 215 mil- en dos semanas y escribió una @@sentencia@@ de 188 páginas en dos semanas, pues existen evidencias de copia de documentos escritos por otros. Entre la cascada de ilegalidades del expediente figuran las confesiones de chantaje, manipulación de evidencias y @@corrupción@@ de Donzinger, quien reitera constantemente conocer cómo funciona el sistema judicial ecuatoriano.

Luego de este juicio, y mientras se debate la reforma al Código Integral Penal en la que el Ecuador quiere constituirse en juez global, con potestad para juzgar a cualquier ciudadano del mundo, se reforzará internacionalmente la imagen del sistema judicial y de la clase política dominante en el Ecuador, donde se dictan sentencias a capricho y se archivan causas a discreción del Ejecutivo, como los recientes desistimientos de las demandas a Colombia por las fumigaciones con glifosato en la frontera Norte, y por la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla en el ataque al campamento de las FARC en Angostura.  El Plan “C” está en marcha, modificando los mapas de los pueblos ocultos del Yasuní, desapareciendo las balas del 30-S, desconociendo los crímenes de Alfaro Vive Carajo, e ilegales creaciones propagandísticas como La Megan, enjuiciando, persiguiendo y linchando mediática e impunemente a todos quienes evidencien cómo este proyecto enquistado en el Ecuador avanza.