Pretenden que Comisión Anticorrupción pague 5 millones 

Los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción enfrentan dos demandas penales y una civil.

Foto: La Hora

Los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción enfrentan dos demandas penales y una civil. Entre las tres les exigen indemnizaciones económicas cercanas a los 5 millones de dólares y el máximo tiempo en prisión. Hay también una denuncia de Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, en la que pide la prisión de los comisionados. En este caso, la Fiscalía ya tiene abierta una indagación previa y ha receptado algunas versiones.

Igual está en curso la demanda penal por una supuesta calumnia, presentada por el exgerente de la Hidroeléctrica Manduriacu, Moisés Obando, contra el vocero de la Comisión, Jorge Rodríguiez. En esta no se ha establecido aún una pretensión económica por daños y perjuicios. Por el mismo tema de Manduriacu, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, presentó una demanda por calumnias, en contra de todos los miembros, fundamentado en el informe de los comisionados de 22 de septiembre de 2015, en el que se denuncia un aparente perjuicio contra el Estado en la construcción de la hidroeléctrica, obra que fue adjudicada a las empresa Odebrecht. El informe de la Comisión Anticorrupción fue puesta en manos de la Fiscalía, que luego llegó a la conclusión de que no hay irregularidad alguna. A esta acción judicial también le siguió la demanda civil planteada por el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, por un supuesto daño moral. En este caso, las pretensiones económicas del funcionario llegan a 3 millones, a manera de indemnización, porque en la denuncia de la Comisión se le menciona de ser la cabeza de los hechos irregulares que se habrían cometido en el caso Manduriacu. A todas estas, se suma la reciente querella penal planteada por el contralor, Carlos Polit, en octubre, por un supuesto daño moral, en la que se reclama 900.000 dólares de indemnización.

En el caso Manduriacu, la Contraloría estableció responsabilidad civil culposa y emitió una glosa por 6’616.225 dólares en contra de Carlos González, propietario del terrero en el que se construye la Refinería del Pacífico, así como en contra de Eulogio Alonzo Carrillo.