Rafael Correa acumula denuncias por deuda con China

La Ecuarunari inició ayer una nueva querella. Los abogados exigen agilidad en un proceso previo.

La Ecuarunari presentó una denuncia penal la mañana de ayer. Foto: La Hora

La Ecuarunari y el Colegio de Abogados de Pichincha, por separado, pidieron a la Fiscalía que llame a declarar al expresidente Rafael Correa por presuntas irregularidades durante su gestión, especialmente en el manejo de la deuda pública y los contratos petroleros.

Yaku Pérez Guartambel, presidente de la organización indígena, presentó una denuncia penal por manipulación en la cifras de la deuda pública, que ya está siendo investigada por la Contraloría General, con el fin, dijo, de que “los delitos cometidos en la ‘década ganada’ no queden en la impunidad”.

“Pedimos que se acoja el informe de la Contraloría que indica que habría un desfase en las cifras y la Fiscalía podría pedir información a los gobiernos de China, Singapur, Bélgica, Catar y de otros paraísos fiscales para saber dónde mismo se encuentran esos recursos”, dijo Pérez.

Por su parte, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados, junto con el activista Fernando Villavicencio, cuestionó que, a pesar de que en septiembre de 2017 presentaron en la Fiscalía una denuncia penal por presuntas irregularidades en la comercialización de crudo entre Ecuador y Petrochina, hasta el momento no han sido convocados al reconocimiento de firmas. “Peor aún, (no) se ha llamado a quienes nosotros señalamos como responsables de estos ilícitos, empezando por el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica y que hoy, estando en territorio ecuatoriano, no ha sido llamado a rendir su versión”, dijo García. Por eso, junto con Villavicencio, presentó ante la Fiscalía una petición para que convoque al exmandatario.

Los denunciantes coinciden en señalar que la Fiscalía debería pedir a un juez que dicte la prohibición de salida de país del exmandatario. 

Más denuncias
Villavicencio aseguró que ha aportado nuevas evidencias que vinculan directamente a los principales funcionarios del anterior Gobierno con la trama de corrupción. “Estamos probando que fue disposición de Rafael Correa, en 2009, contratar deuda pública por 1.000 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de China y la compañía Petrochina y que este crédito sería pagado con petróleo de Petroecuador. (…) Ese es un delito, es una violación de la Constitución y de la Ley”, dijo Villavicencio. 

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