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Se va el ‘inquisidor’ impuesto por la Ley ‘mordaza’

La Hora 08/03/2018

POLÉMICA. Ochoa se presentó la tarde de ayer ante la prensa acompañado de asesores y trabajadores de la entidad. Foto: La Hora

POLÉMICA. Ochoa se presentó la tarde de ayer ante la prensa acompañado de asesores y trabajadores de la entidad. Foto: La Hora

El Consejo transitorio de Participación ejecutó la destitución de Carlos Ochoa.

En una resolución motivada en tres páginas, el Consejo transitorio de Participación Ciudadana decidió ejecutar la destitución de Carlos Ochoa del cargo de superintendente de Comunicación. La decisión fue tomada por el contralor, Pablo Celi, tras la determinación de una glosa y notificada al organismo la tarde del lunes.

El dictamen del Consejo ha sido tomado con un sabor agridulce por parte de periodistas y defensores de la libertad de expresión. Una gran parte hubiera preferido que la destitución se hubiese dado mediante el juicio político que aún está en espera en la Asamblea.

El 7 de diciembre, Celi determinó la responsabilidad administrativa culposa de Ochoa, ya que como directivo de GamaTV habría incurrido en pago de bonos y otros valores a directivos, incluido él mismo, por un valor de 94.200 dólares, además del valor que él habría cobrado por la venta de un vehículo de la televisora. 

En el informe de Contraloría también se menciona los contratos relacionados a los derechos de transmisión de los partidos de fútbol. El total del perjuicio estatal sería de 15,7 millones, responsabilidad de más de 20 directivos. Pese a que él ya no está en ese puesto, la destitución tiene efectos porque quedó inhabilitado para el servicio público. La abogada experta en libertad de expresión Martina Rapido, se congratuló de la noticia porque piensa que Ochoa fue la ‘punta del iceberg’ en un proceso de “silenciamiento de opiniones disidentes y contrarias a las del Gobierno” de Rafael Correa. Para ella, Ochoa fue quien “más daño hizo a la libertad de expresión en el país”. 

“Abusó de mecanismos como el derecho de rectificación, contra estándares internacionales, criminalizó el derecho a opinar, sumado a un efecto silenciador porque en muchos casos se prefirió al silencio por temor a las sanciones”, argumentó. 

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