Una justicia de cuya imparcialidad muchos dudan

Desde 2007 el control de las funciones del Estado por parte del Ejecutivo se volvió cada vez más evidente.

La criminalización de lo protesta social, que ha sido denunciada por la oposición, habría sido instrumentada por tribunales funcionales al Gobierno. Foto: Plan V

Desde 2007 el control de las funciones del Estado por parte del Ejecutivo se volvió cada vez más evidente.

Pero fue a partir de los resultados de la consulta popular del 2011 y de reformas legales que perfeccionaron el control a los jueces, que la injerencia del Gobierno sobre el poder judicial se volvió más evidente. Este control, camuflado en sanciones "disciplinarias" se ha convertido, paulatinamente, en un mecanismo de politización de la justicia, que ha alcanzado niveles nunca antes vistos desde el retorno a la democracia en 1978.

Si bien antes de Correa se conocía de intervenciones puntuales de políticos en procesos que les interesaban, y del uso de esos procesos como arma en el juego político, es partir del correísmo que se convierte en una práctica institucional, revestida de legalidad. Al mismo tiempo, el abusivo uso desde el poder de demandas y abogados para resolver conflictos políticos, ideológicos, culturales y sociales ha enviado a la población el mensaje de que amenazar a alguien con juicio es la mejor forma de ganar una discusión. 

Como en otros aspectos, el Ejecutivo se ha valido de un amplio programa de reformas legales y del uso de la democracia plebiscitaria para lograr sus propósitos. En el caso particular de la justicia, el control del Gobierno del Consejo Nacional de la Judicatura, el órgano disciplinario de la Función Judicial, tanto antes cuanto después de la Consulta popular, ha permitido que los jueces en todo el pais sea sometidos a expedientes disciplinarios, que pueden conducir a su destitución.

1. En busca del control de la justicia

En los años 90, y con financiamiento internacional, se habían iniciado en el país procesos de “modernización de la Justicia" que fueron implementados por abogados consultores que iniciaron algunos aspectos de mejora en el servicio y en la búsqueda de agilidad en los procesos. Algunos de esos abogados, como Néstor Arbito, terminaron luego trabajando para el Gobierno correísta. 

Pero con el advenimiento del correísmo, cuya política pasa por la judicialización de todas las actividades cotidianas, el control absoluto de la justicia se convirtió en un aspecto estratégico.

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