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Juez canadiense da apoyo a Chevron en pelea por contaminación

Corte concluyó que Chevron Canada Limited no es responsable por la contaminación petrolera en el Amazonas

El Comercio Perú 24/01/2017

Un informe elaborado por un equipo de científicos norteamericanos determinó que la petrolera Chevron causó contaminación tóxica en Ecuador (Archivo: Difusión)

Un informe elaborado por un equipo de científicos norteamericanos determinó que la petrolera Chevron causó contaminación tóxica en Ecuador (Archivo: Difusión)

(Bloomberg) --Ingresando en su vigésimo cuarto año, la guerra judicial internacional que se propone responsabilizar a Chevron Corp. por la contaminación petrolera en el Amazonas ha incluido batallas en tribunales que van desde los Estados Unidos hasta Ecuador y Canadá. En lo que representa un golpe para los pobladores ecuatorianos, quienes sostienen que la empresa mancilló sus tierras, un juez de Ontario protegió la semana pasada los activos canadienses de Chevron contra una confiscación como parte de la pelea.

Es una gran victoria para la segunda empresa de combustibles fósiles más grande de los Estados Unidos, ya que en 2011 Chevron perdió un juicio en Ecuador por la cuestión de responsabilidad. Para la justicia ecuatoriana, Chevron debe a los pobladores alrededor de US$9.500 millones, más intereses. Pero el gigante de la energía, afirmando que esa sentencia enorme fue obtenida mediante fraude, se niega a pagar. Chevron no tiene activos en Ecuador, de modo que allí los demandantes no pueden confiscar nada. Por eso la causa emigró al norte hasta Canadá, donde una subsidiaria tiene operaciones que a los pobladores les gustaría liquidar para cubrir su veredicto.

No obstante, en una opinión de 35 páginas sumamente técnica, el juez Glenn Hainey del Tribunal Superior de Justicia de Ontario hizo una marcada distinción entre la sociedad matriz Chevron y la subsidiaria Chevron Canada. Chevron Canada no fue demandada en Ecuador y en tanto entidad legalmente independiente, sostuvo el juez, no puede considerarse responsable de las deudas de su sociedad matriz.

Chevron celebró la decisión. “Una vez más, los intentos de los demandantes de ejecutar su fallo fraudulento fueron repelidos”, dijo vía correo electrónico R. Hewitt Pate, vicepresidente y abogado general de Chevron. “Confiamos en que cualquier jurisdicción que examine los hechos de este caso y la mala conducta en la que incurrieron los demandantes considerará el fallo ecuatoriano ilegítimo e inaplicable”.

Karen Hinton, portavoz de los pobladores en Nueva York, dijo en un comunicado que sus clientes apelarán el fallo de Hainey, y predijo una rápida revocación. “Los pobladores esperan seguir adelante este año con su confiscación de activos de Chevron para obligar a la empresa a respetar múltiples fallos judiciales [ecuatorianos] que la hallaron” responsable de una contaminación masiva, agregó Hinton.

Esta larguísima historia comenzó en 1993 con una demanda elevada a la justicia federal de Nueva York contra Texaco (que Chevron adquirió en 2001). Presentada en nombre de ecuatorianos rurales pobres, la denuncia fue rechazada por la justicia estadounidense y reiniciada en 2003 en Ecuador. Ocho años más tarde, desembocó en el veredicto multimillonario en dólares que está actualmente en discusión.

Chevron replicó que era responsabilidad del gobierno ecuatoriano limpiar cualquier contaminación derivada de las actividades de Texaco en la selva tropical y que, en cualquier caso, el veredicto estaba teñido de mala conducta de los abogados de los pobladores, encabezados por un abogado afincado en Nueva York llamado Steven Donziger.

Para poder entender este último punto, Chevron demandó a Donziger en 2011, obteniendo un fallo en los Estados Unidos de que había violado leyes sobre asociación ilícita transformando el juicio ecuatoriano en el equivalente de un plan de extorsión. El año pasado, un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo, considerando que Donziger y sus colegas habían empleado coerción, fraude y soborno en Ecuador. Los dictámenes imposibilitan a los pobladores cobrar la suma del veredicto ecuatoriano en los Estados Unidos.

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