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Por qué el triunfo de Chevron en Canadá podría ser trascendental

Fortune 03/05/2013

Roger Parloff

Roger Parloff

El 1 de mayo, un juez canadiense otorgó a Chevron una victoria potencialmente trascendental, relativa a las acciones de ejecución entabladas en su contra por el Frente de Defensa de la Amazonía, organización que lidera el litigio ambiental en contra del gigante petrolero en Lago Agrio, Ecuador, en donde Texaco realizó actividades de explotación petrolera entre 1964 y 1990.

El Frente de Defensa, que representa a 47 pobladores de la antigua área de concesión, está intentando incautar los activos de Chevron en Canadá, para cobrar la sentencia por 19.000 millones de dólares, emitida en el 2011 en contra de la compañía por la Corte Provincial de Sucumbíos, Ecuador. (Chevron (CVX), que adquirió Texaco en el 2001, prácticamente no tiene activos en el Ecuador).

El día miércoles, el juez David M. Brown de la Corte Superior de Justicia de Toronto, Ontario, rechazó la demanda del Frente.  De haberse confirmado, la sentencia se habría  convertido en un muy importante precedente para las cortes de las naciones occidentales que se rigen por sistemas judiciales similares, especialmente Australia, el Reino Unido y Nueva Zelanda.   Los abogados del Frente habían previamente declarado que buscaron el foro canadiense en primer lugar puesto que, entre otras cosas, sus leyes garantizaban motivos relativamente limitados para negarse a hacer cumplir una sentencia.

Los abogados del Frente han anunciado que apelarán esta decisión. En lo que a mí respecta, creo que podrían imponerse, puesto que la sentencia de 42 páginas emitida por el juez Brown se centra en cuestiones sumamente profundas y originales de la ley canadiense, relativas tanto a jurisdicción como a estructura corporativa.  (Para un análisis legal de la sentencia de un abogado estadounidense especializado en litigios transnacionales, vea la publicación de Ted Folkman en su blog Letters Blogatory.)

De hecho, a primera vista, la decisión del juez Brown parecería ser despiadadamente legalista.  Rechazó la demanda porque Chevron, la matriz de la corporación estadounidense en contra de la que el Frente ganó la demanda ambiental, técnicamente no tiene activos en Canadá.  Indirectamente es la dueña de Chevron Canadá, una filial de séptimo nivel; sin embargo, dicha titularidad es demasiado indirecta, sostiene el juez Brown, dado que Chevron Canadá propiamente dicha nunca ha tenido negocios en el Ecuador.

No obstante, detrás de toda la jerga legal, el razonamiento de Brown parece estar basado en una premisa de sentido común mucho más simple que podría ser el anuncio de malas noticias para el Frente.  El juez fue reacio a emplear recursos judiciales canadienses para emprender un agrio e interminable conflicto legal que ya ha tomado más de veinte años, cuando el Frente fácilmente podría haber entablado su demanda en los Estados Unidos, “a muy poca distancia de esta Corte”, donde Chevron tiene sus oficinas principales y sin duda alguna posee suficientes activos.

No solo que el Frente no ha intentado hacerlo, resaltó el juez, sino que ha hecho grandes esfuerzos para evitar que un juez norteamericano que está muy familiarizado con el caso, el juez de distrito Lewis Kaplan de Manhattan, se pronuncie sobre muchas de las interrogantes que ahora persigue que las cortes canadienses respondan, demandando así una investigación desde cero.

A continuación presentamos los antecedentes a los que el juez Brown hace referencia.  En 1992 abogados especializados en acciones colectivas presentaron una demanda en Manhattan en contra de Texaco, a nombre de los ecuatorianos residentes en la antigua área de concesión de dicha compañía.  A instancias de Texaco, la demanda fue desestimada por múltiples razones, incluyendo el argumento de forum non conveniens, dando a entender que el caso podría ser mejor reclamado en el Ecuador.  La corte de apelaciones confirmó la desestimación de la demanda basado en la norma de forum non conveniens, con la aceptación de Texaco de someterse al sistema judicial ecuatoriano, mientras se cumpla con los requisitos mínimos establecidos por las leyes de Nueva York, relativas a la ejecución de sentencias extranjeras.  La demanda entablada en Nueva York se desestimó;  un nuevo caso promovido por el Frente fue entonces presentado en Lago Agrio en el 2003.

En febrero de 2011 la corte de Lago Agrio emitió una sentencia por 18.200 millones de dólares (más tarde aumentada a 19.000 millones).  Chevron inmediatamente buscó en Manhattan una sentencia declaratoria sobre si la sentencia ecuatoriana era ejecutable o no bajo las leyes de Nueva York.  Un mes más tarde, el juez Kaplan determinó que muy probablemente no lo era, puesto que Chevron había presentado “exhaustiva evidencia” de que la sentencia habría sido obtenida a través de fraude, además de haber sido emitida por una corte que no había garantizado el debido proceso ni los estándares mínimos requeridos por las leyes de Nueva York.  Por lo tanto, prohibió la ejecución de la sentencia en espera de un juicio completo.

Sin embargo, en enero de 2012, los abogados de los demandantes lograron derogar la sentencia del juez Kaplan, no porque las conclusiones a las que llegó dicho juez fuesen equivocadas, sino más bien por razones de competencia.  El tribunal de apelaciones  decidió que dado que el Frente no había buscado la ejecución de la sentencia en Manhattan, el juez Kaplan no podía emitir una sentencia preventiva sobre su inejecutabilidad a instancias de Chevron. Un juez estadounidense solo podría emitir su opinión siempre y cuando los abogados del Frente intentaran ejecutar la sentencia en los Estados Unidos, lo que no habían intentado hacer (ni lo han hecho aún).

Estos inusuales antecedentes obviamente han molestado al juez Brown. "Apenas a  una hora de camino”, escribió, “uno puede cruzar un puente que lleva al mismo estado en donde Chevron inició su lucha por obtener un mandato judicial en contra de la ejecución de la sentencia.  Aun así, los demandantes no han buscado el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera en el domicilio o sede de negocios del deudor [Chevron]; en su lugar han venido a Ontario argumentando que los activos de propiedad de un tercero, extraño a la sentencia extranjera [Chevron Canadá], deberían ser puestos a su disposición para cobrarla”.

Lo que explica que el Frente haya tomado un camino tan tortuoso es que buscó eludir el verdadero problema.  En los dos años que han transcurrido desde que el juez Kaplan emitiera su sentencia en marzo de 2011, la evidencia de que el Frente cometió fraude para lograr su victoria en el Ecuador ha mostrado aún más facetas que aparentemente la tornan irrefutable.   En julio de 2012 el juez Kaplan de hecho determinó que la sentencia ecuatoriana estaba “sin lugar a dudas contaminada” por un muy elaborado fraude que tomó varios años, en el que Richard Cabrera, un perito aparentemente independiente nombrado por la Corte, en realidad actuó como el títere escogido por el Frente para permitir que sus abogados trazaran sus planes y secretamente redactaran sus informes.  Peor aún, Chevron ha presentado copiosa y convincente evidencia que apunta a que la misma sentencia por 19.000 millones, redactada en 188 páginas, fue escrita de manera clandestina por los abogados ecuatorianos del Frente, a quienes supuestamente dos jueces ecuatorianos les dieron la oportunidad de hacerlo a cambio de prometerles 500.000 dólares provenientes de lo que lograran cobrar a la compañía.  (Uno de los jueces que huyó del país ratifica lo dicho por Chevron, mientras el otro, que aún vive en el Ecuador, lo ha negado).

Los voceros del Frente sostienen que esta agrupación evitó llevar el caso a Manhattan porque el juez Kaplan no es imparcial.  Los abogados del Frente en repetidas ocasiones han tratado de remover al juez acusándolo de parcialidad; sin embargo, la corte de apelaciones ha rechazado sus argumentos.

(Aunque es verdad que el juez Kaplan en ocasiones ha manifestado su escepticismo respecto de algunas de las afirmaciones de los abogados de los demandantes, también es cierto que desde que por primera vez se involucró en el caso, a través de un procedimiento auxiliar presentado en abril de 2010, ha visto y vivido muy de cerca los aparentes fraudes del Frente.  Repetidamente ha visto cómo sus afirmaciones han sido tachadas de falsas y sus historias de manera torpe han variado en un aparente intento por paulatinamente acomodar los hechos en la medida en que éstos van surgiendo.

En el pasado los abogados del Frente mordaz y repetidamente negaron haber redactado en secreto el informe de Cabrera; sin embargo, su abogado estadounidense principal, Steven Donziger,  admitió bajo juramento que efectivamente lo habían hecho, tal y como ha sido confirmado por los consultores de Boulder, Colorado, contratados por el Frente que redactaron el informe.   Los abogados del Frente asintieron silenciosamente mientras su colega argumentaba que las escenas no utilizadas del documental que se filmó sobre el caso no revelarían nada importante, cuando en realidad resultó que dichas escenas mostraban al equipo legal y a los técnicos de los demandantes con Cabrera en las oficinas del Frente, cuando planificaban la redacción de su informe, aún antes de que Cabrera fuese formalmente nombrado por la Corte.  El Frente aún niega haber redactado el informe de manera clandestina; sin embargo, sus abogados no pueden explicar el hecho de que casi un tercio de éste incluye párrafos enteros e información literal contenida en memorandos internos y bases de datos del Frente que nunca fueron parte de los expedientes del caso.  Una de las teorías actuales del Frente es que Chevron le tendió una trampa al juez al haberle pasado subrepticiamente los documentos internos del Frente, con la esperanza de  que los plagiara en su sentencia a fin de que Chevron tuviera la oportunidad de cuestionarla si ésta resultaba adversa a sus intereses.  El mostrarse escéptico dadas estas circunstancias no es evidencia de parcialidad sino de buen juicio.

En este punto, la esperanza más fuerte del Frente es continuar atacando a Chevron a través de los medios, en donde su causa aún sigue siendo reconocida, pese a la aparente desintegración del caso legal.  (El mes pasado los expertos científicos contratados por el Frente en los últimos seis años se retractaron de todas sus conclusiones).   El último puntal de su estrategia radica en crear suficientes distracciones con acciones de reconocimiento y ejecución de su sentencia alrededor del mundo para obligar a Chevron a tirar la toalla y llegar a un acuerdo.  Además de las acciones emprendidas en Canadá, el Frente ha entablado demandas en Brasil y Argentina y se ha anunciado que hay más por venir.

Sin embargo, si se confirma la sentencia emitida el día de ayer por el juez Brown, sería un mal augurio para las oportunidades que el Frente crea tener, por lo menos ante cortes serias en el mundo que respetan el estado de derecho.  En cuanto a cortes más politizadas de naciones menos desarrolladas, Chevron deberá necesariamente correr el riesgo, aunque es cierto que las compañías petroleras están acostumbradas a operar en regiones que son políticamente inestables, en donde existen riesgos aún mayores que no pueden ser descartados y que pueden incluir hasta una nacionalización total.  

La otra cara de la moneda es que el embargo de las propiedades de una compañía puede traer consecuencias poco deseables para la nación embargante, en la medida en que ésta busque inversión y asistencia técnica extranjera.  No todos los países en desarrollo se tomarán estos riesgos para garantizar que el Frente de Defensa de la Amazonía, sus abogados e inversionistas logren hacer su cobro.

Esta es una traducción no oficial del artículo original publicado en Fortune en inglés. Para verlo haga clic aquí.

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