En Ecuador, juicio apunta a operaciones petroleras estatales

08/02/2017 Eco Américas - Mercedes Álvaro

Foto: Eco Américas

Foto: Eco Américas

Este artículo de Mercedes Álvara recibió el premio Nacional 'Eugenio Espejo'.

Los días en que el sol es fuerte, un olor penetrante a petróleo llena el aire en las zonas rurales de Pacayacu, una ciudad de 11,000 habitantes en la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos. “No podemos tapar el sol con un dedo”, dice Henry Castro, presidente del gobierno local. “La [ciudad] está totalmente contaminada”.

La pobreza abunda en medio de una profusión de infraestructura petrolera alrededor de Pacayacu, que se asienta en una zona amazónica de producción de crudo conocida como Libertador. El yacimiento petrolero forma parte de un área de concesión de hidrocarburos más grande, llamada Bloque 57, que está siendo explotada por Petroamazonas, la empresa petrolera estatal de Ecuador. En Libertador, Petroamazonas está actualmente extrayendo 22,000 barriles de crudo al día.

La infraestructura petrolera en Pacayacu y el cantón circundante de Lago Agrio es extensa. En las fincas agrícolas, a lo largo de las carreteras y en el bosque tropical, el visitante ve pozos, oleoductos y estaciones de producción, donde el crudo se separa del líquido de desecho, llamado agua de producción, que típicamente sube a la superficie junto con el petróleo.

El crudo se envía por oleoducto a la provincia de Esmeraldas en la costa del Pacífico para su exportación, mientras que el agua de producción, que a menudo contiene toxinas, se bombea a tanques de almacenamiento para su posterior reinyección al subsuelo. La inyección a pozos profundos del agua de producción sólo es obligatoria desde hace poco más de 10 años, dicen los ambientalistas. La práctica anterior —verter el agua de producción en estanques de retención al aire libre sin revestimiento, luego quemarla o dejar que se desbordase— es evidente aquí en la presencia de numerosos estanques de esta clase, los cuales aún no han sido remediados y a los que se culpa de la actual contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

“Cuanto más calor hace, más insoportable se vuelve el olor, pero hemos tenido que acostumbrarnos a vivir de esta manera”, dice la habitante de Pacayacu Fanny Calero, mientras muestra a los periodistas una estación de producción llamada Sushuqui, situada en una zona rural en las afueras de la ciudad.

Calero señala un estanque de retención adyacente que no se utiliza desde la década de 1980 pero no ha sido remediado. Carece de una geomembrana para evitar que las toxinas se filtren en el suelo y la capa freática, algo típico de muchos de estos estanques aquí, dicen los ambientalistas locales. Añade Calero: “Así es en toda nuestra [ciudad], porque todo está contaminado. No tenemos ni un solo humedal limpio, y no tenemos agua limpia. Tenemos que recolectar agua de lluvia, e incluso así el agua huele a azufre. Cuando la recolectamos vemos que se forma encima una película aceitosa”.

Calero y otros 85 habitantes de Pacayacu presentaron una demanda en 2005, alegando que la petrolera estatal a cargo de Libertador en esa época, Petroecuador, estaba dañando el medio ambiente y la salud humana. Los abogados han venido a llamar el caso “el pequeño Chevron” a causa de ciertos paralelismos que guarda con la prolongada batalla legal que demandantes de comunidades de la selva ecuatoriana han emprendido contra el gigante petrolero estadounidense Chevron. Dicho litigio trató sobre una contaminación mucho mayor y terminó en una sentencia de indemnización de US$9.5 mil millones, que Chevron se niega a pagar sosteniendo que el proceso judicial fue ilegítimo. Pero al igual que con “el pequeño Chevron”, el caso se centró en contaminación de campos petroleros en la provincia de Sucumbíos (así como en la provincia de Orellana) y el perjuicio resultante sobre el medio ambiente y la salud humana, en este caso por una subsidiaria de Texaco que administró las operaciones petroleras en la región de 1964 a 1990. (Chevron se convirtió en parte acusada tras adquirir Texaco en 2001.)

La magnitud de la contaminación y los daños económicos en el Chevron verdadero provocó un debate mundial sobre las prácticas empleadas por las multinacionales extranjeras cuando explotan recursos en el mundo en desarrollo. El 17 de septiembre de 2013, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, atrajo la atención de los medios internacionales al sumergir la mano en una poza que contenía residuos de perforaciones petroleras y prometer, “Vamos a mostrarle al mundo la mano sucia de Chevron”. Lanzó una campaña sobre “la mano sucia de Chevron” que contó con visitas a sitios contaminados con petróleo en la Amazonia ecuatoriana por estrellas de Hollywood como Danny Glover y Mia Farrow, ambientalistas como Alexandra Cousteau y diversos políticos extranjeros.

Pero ahora que la contaminación en y alrededor del campo Libertador se atribuye a operaciones petroleras estatales y no a una multinacional extranjera, el gobierno ecuatoriano no ha mostrado el mismo afán de poner de relieve el caso del pequeño Chevron. (Texaco nunca extrajo petróleo del campo Libertador, desistiendo de los derechos de perforación en la zona y centrándose en las reservas de petróleo en otras partes de las provincias de Sucumbíos y Orellana. El campo petrolero siempre ha sido operado por empresas estatales: hasta hace tres años por Petroecuador, y desde entonces por Petroamazonas.)

Y a diferencia de los demandantes en el caso del Chevron verdadero, los demandantes de Pacayacu han visto que la sentencia favorable a su demanda se revertía en los tribunales ecuatorianos. El 13 de enero, la Corte Constitucional del país revocó una sentencia de 2013 de la Corte Nacional de Justicia según la cual debían ser indemnizados con una cantidad que sería determinada por los expertos. Aunque el caso regresa ahora a la Corte Nacional de Justicia, los abogados dicen que el fallo de la Corte Constitucional equivale de hecho a que la Corte Nacional de Justicia decida a favor de Petroecuador.

Las habitantes de Pacayacu juran que llevarán su caso ante los foros internacionales, empezando con la Organización de los Estados Americanos. “Los jueces [de la Corte Constitucional] dicen que Petroecuador no pudo ejercer su derecho a defenderse, y yo me preguntaba: ¿cómo puede defenderse? ¿Qué puede argumentar cuando la contaminación está aquí?”, dice Homero Granda, habitante y demandante de Pacayacu.

Pablo Sarzosa, abogado de los demandantes, dice que Petroecuador recibió tratamiento especial. “En Pacayacu existen los mismos daños, los impactos sobre la salud, la misma contaminación del agua, el mismo desastre ambiental que causó Texaco, pero en una zona más pequeña y causados por una empresa del Estado ecuatoriano”, dice Sarzosa. “Con su fallo, la Corte Constitucional ha creado un doble estándar con respecto al juicio a empresas públicas y privadas que han contaminado el medio ambiente. Al avenirse con Petroecuador, se están aviniendo con Chevron, que sostiene que en este país no hay garantías legales en los procesos judiciales contra las empresas”.

Mientras se desarrolla la batalla legal, los habitantes de Pacayacu han seguido lidiando con los impactos ubicuos de las actividades petroleras. A unos 10 km de la estación de producción de Sushuqui, otras dos de estas estaciones, Pichincha 1 y Pichincha 2, se asientan junto a un estanque de desechos al aire libre también abandonado a finales de la década de 1980 y que carece de geomembrana. Cerca se encuentran dos grandes tanques de almacenamiento de petróleo y un par de mecheros utilizados para quemar el gas natural que sale a la superficie en el proceso de extracción de petróleo. Un palo sumergido en el estanque emerge cubierto de una negra película.

Los lugareños y los ambientalistas dicen que hasta hace 10 años, los residuos de la producción de petróleo eran quemados periódicamente en los estanques o se dejaba que se desbordasen durante las lluvias intensas como medio de eliminación. “Esta poza [de desechos] es muy tóxica”, dice Sixto Martínez, de 61 años, un campesino que emigró a la región amazónica en 1985 y vive cerca de Pichincha 1. Martínez afirma que en este estanque, la quema de residuos de producción de petróleo ha continuado. “Durante tres años ha estado lleno de petróleo; lo llenan, y lo queman”, dice. “Cuando lo queman, las llamas alcanzan unos 50 metros de altura”.

Cuando se le pidió el 29 de febrero hacer comentarios para este artículo, Petroamazonas no había respondido al 30 de marzo, cuando EcoAméricas entró en prensa. Pero Virgilio Benavides, subsecretario de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente de Ecuador, insiste en que toda el agua de producción se desecha a través de la inyección en pozos profundos. Eso, dice, asegura que el agua de beber no sea afectada porque se extrae de acuíferos que están típicamente a menos de 100 metros de la superficie, mientras que el agua de producción se inyecta a unos 2,500 metros de profundidad.

Los habitantes replican que aunque la inyección en pozos profundos se utiliza ahora para disponer de agua de producción, los estanques no remediados siguen contaminando el aire con gases y contaminando el suelo y las aguas subterráneas a medida que las toxinas se lixivian de ellos. Dicen que las pasadas prácticas de las operaciones petroleras estatales y la continua falta de remediación adecuada han impuesto un costo a la salud pública así como al medio ambiente.

Martínez dice que su esposa murió de cáncer y sus hijos, que tienen entre 16 y 36 años, “están enfermos con fiebre y dolores de cabeza prácticamente todo el tiempo debido a la contaminación petrolera”, como también él, dice. Añade que no ha tenido fondos suficientes para trasladar a su familia y no puede vender su granja a causa de la contaminación en la propiedad.

En Pacayacu las casas están muy cerca de la infraestructura petrolera así como de las fuentes de agua contaminadas con los residuos petroleros y las aguas servidas, dice Acción Ecológica, una organización no lucrativa local. De acuerdo con una encuesta realizada por Acción Ecológica entre 586 familias de la zona, 37% de los encuestados dijeron que vivían a menos de 250 metros de la infraestructura petrolera, 24% dijeron que estaban a entre 250 y 500 metros de distancia, 32% estaban a entre 500 metros y dos kilómetros de distancia y sólo 6% estaba a más de dos kilómetros de distancia. Casi 40% dijeron que vivían cerca de un estanque de desechos de petróleo al aire libre o colmado. El estudio, publicado en 2014, informó que 22 de los 23 pozos de agua examinados en Pacayacu en 2010 contenían hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

A lo largo de los años el petróleo ha sido uno de los pilares económicos más importantes de Ecuador y una de sus mayores amenazas económicas. Tradicionalmente ha figurado como la principal exportación y fuente de divisas para esta nación de 15 millones de habitantes, pero sin embargo la contaminación de los yacimientos petroleros ha causado graves daños a la parte ecuatoriana de la Amazonia, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. En la década de 1980, cada plataforma de producción de petróleo tenía uno o dos estanques para el agua de producción contaminada, dicen ingenieros petroleros que trabajaron en la región en esa época. La mayor parte de los daños ambientales relacionados con esta industria en la región ha provenido de derrames, vertido intencional de agua de producción y quema de gas, todo lo cual colectivamente ha afectado suelos, fuentes de agua, flora, fauna y la calidad del aire.

Un plan de acción del Ministerio del Ambiente examinado por EcoAméricas afirma que, en la Amazonia ecuatoriana, Sucumbíos se ubica como una de las regiones más severamente afectadas después de cuatro décadas de operaciones petroleras. “En muchos casos la extracción petrolera ha constituido la principal fuente de contaminación, hecho que ha generado altos impactos socioambientales”, dice el Plan de reparación integral de la microcuenca del río Pacayacu, publicado por el Programa de Restauración Ambiental y Social (PRAS) del ministerio.

Citando información de la empresa petrolera estatal, el plan señala que en 2012 las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana contenían 2,500 fuentes de contaminación en necesidad de atención, de las cuales 538 habían sido remediadas para 2013. Se refiere a las estaciones de producción como fuentes de contaminación, diciendo, “La afectación a la calidad de aire puede deberse a las fugas de gas o emisiones contaminantes generadas por los mecheros [de gas] y generadores, además de vehículos y maquinaria pesada”.

Al igual que muchos habitantes de Pacayacu, Fanny Calero culpa a dicha contaminación de los numerosos problemas de salud de su familia. La madre de cinco hijos dice que tres de sus hijas han sido diagnosticadas con cáncer, una con cáncer cerebral, una segunda con cáncer de mama y una tercera con cáncer uterino.

El plan de acción dice que no se han realizado estudios epidemiológicos en la región, “por lo que no se puede aseverar que la existencia de cáncer esté directamente relacionada con la actividad hidrocarburífera”. Instando a una mayor investigación, dice que una encuesta de 650 jefes de familia y 30 líderes de comunidades encontró que más del 50% de los habitantes de Pacayacu han experimentado, o siguen experimentando, dolencias tales como enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas así como problemas nerviosos.

Benavides, el funcionario del Ministerio del Ambiente, dice que se han remediado 187 fuentes de contaminación en Pacayacu desde 2005 en un esfuerzo por revertir los impactos de la industria petrolera. Benavides contrasta estos esfuerzos de limpieza y la eliminación de agua de producción inyectándola a pozos profundos con las prácticas prevalecientes cuando Texaco estaba activo en la región. Entonces, dice, “se favorecían los beneficios [económicos] sin establecer todas las medidas preventivas y el uso de toda la tecnología disponible para evitar la contaminación”.

Henry Castro, el líder del gobierno local, insiste en que la situación de Pacayacu sigue siendo grave. “Tenemos alrededor de 280 [sitios de contaminación] y de ellos el principal foco de contaminación son los estanques al aire libre donde se descargaba el agua de producción”, dice. “De 80% a 90% de los arroyos de esta área están contaminados debido a que los pozos de petróleo están situados en toda la jurisdicción, y el escurrimiento va a dar a los arroyos”.

También se ven afectados, añade Castro, los humedales y los dos ríos principales de la región, el San Miguel y el Aguarico, donde los derrames de petróleo han pasado factura. Se queja de que se ha hecho trabajo de limpieza en sólo 40 estanques de residuos y que los habitantes denuncian que los estanques simplemente son tapados. “Se estimaba que la remediación de Pacayacu iba a tomar de cinco a diez años”, dice Castro. “Pero al ritmo que va, nuestras vidas se acabarán y todavía no veremos que eso suceda”.?

Este mes Petroamazonas anunció que había contratado a 242 trabajadores en Pacayacu para reforzar los esfuerzos de limpieza. Por su parte, Benavides insiste en que el trabajo se está haciendo bien. “La práctica antitécnica de limitarse a cubrir los estanques con tierra sin remediación fue parte de la gestión de Texaco”, dice.

Contactos

Alexandra Almeida

Coordinadora?Programa de Petróleo?Acción Ecológica?Quito, Ecuador?Tel: +(59 32) 321-1103 informacion@accionecologica.org

Virgilio Benavides

Subsecretario de?Calidad Ambiental?Ministerio del Ambiente de Ecuador Quito, Ecuador?Tel: +(59 32) 398-7600 ambiente@gob.ec

Fanny Calero

Demandante de Pacayacu?Lago Agrio, provincia de Sucumbíos Ecuador?Tel: +(59 399) 8413-3537

Henry Castro

Presidente?Gobierno Autónomo Descentralizado de Pacayacu Pacayacu, provincia de Sucumbíos?Ecuador?Tel: +(59 362) 343-088?castroseashenry@hotmail.com

Homero Granda

Demandante de Pacayacu Pacayacu, provincia de Sucumbíos Ecuador homerogranda@outlook.es

Pablo Sarzosa

Abogado de los demandantes de Pacayacu Quito, Ecuador?Tel: +(59 322) 432-161

Para más noticias ambientales de Latinoamérica, visite en nuestro sitio web: www.ecoamericas.com

}