Petróleo y Minas

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Oleoducto construido sin licencia ambiental pone en peligro a pueblo indígena de Ecuador

05/06/2018 Mongabay Latam - José María León Cabrera

La deforestación de bosque nativo y la falta de permisos ambientales en la construcción de la tubería habría causado daños ambientales y culturales

Foto: Mongabay Latam

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  • La deforestación de bosque nativo y la falta de permisos ambientales en la construcción de la tubería habría causado daños ambientales y culturales a la comunidad Siona de San José de Wisuyá en la ribera del río Putumayo, entre Ecuador y Colombia.
  • Durante más de dos años la comunidad ha buscado reparación por parte de las empresas que construyeron el oleoducto, pero ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio de Ambiente han dado, hasta ahora, una resolución definitiva a sus reclamos.

Una mañana de noviembre de 2015, uno de los taitas (mayores en su idioma) de la comunidad siona de San José de Wisuyá, en la provincia de Sucumbíos, escuchó ruidos extraños en la selva no muy lejos de su casa. Cuando fue a ver qué pasaba, encontró una cuadrilla de obreros y maquinaria desbrozando el bosque para hacer una vía de acceso.“Estaba todo tumbado cerca de su casa. No le dijeron nada”, dice uno de los dirigentes de la comunidad, ubicada en la ribera ecuatoriana del Putumayo, el río amazónico que separa a Ecuador de Colombia.

Los trabajadores no le dieron explicaciones pero ese descubrimiento se convertiría en el inicio del reclamo siona contra las compañías petroleras Amerisur Resources (británica que opera en Colombia) y PetroAmazonas (estatal ecuatoriana de exploración y explotación) a las que acusan de daños ambientales que tienen, incluso, consecuencias espirituales. Más de dos años después de que los Siona denunciaran la violación de su territorio, ni el Ministerio del Ambiente ni la Defensoría del Pueblo del Ecuador han resuelto su caso.

El silencio de las petroleras

Amerisur Resources es una empresa británica que opera en Colombia desde 2003. Uno de los campos que explota se llama Platanillo y se ubica en el departamento del Putumayo, limítrofe con el Ecuador y con una larga historia de violencia armada. Según María Lina Espinosa, defensora de Derechos Humanos y asesora legal de los Siona en su reclamo, inicialmente Amerisur sacaba el crudo de Platanillo en tanqueros hacia instalaciones de bombeo en los municipios de Mocoa y Neiva en Colombia. Cada despacho hacia Mocoa significaba un recorrido hacia el norte de más de 150 kilómetros. Si el destino era Neiva, el viaje superaba los 400 kilómetros.

Una fuente que pidió mantener la reserva de su identidad, dice que eran viajes difíciles: para pasar, los tanqueros debían pagar una ‘vacuna’ —el impuesto paraestatal que cobran los grupos armados colombianos para mantener una convivencia relativamente pacífica en las zonas en las que operan—. Con el tiempo, las ‘vacunas’ se encarecieron y, según la fuente que pidió anonimato, cuando Amerisur se negó a pagarlas, varios tanqueros fueron incendiados. Contactada por Mongabay Latam para confirmar esta versión, Amerisur Resources nunca contestó.

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