Petróleo y Minas

Oleoducto entre Ecuador y Colombia afecta territorio de pueblo indígena

11/07/2018 Mongabay Latam

Durante más de dos años la comunidad ha buscado reparación por parte de las empresas que construyeron el oleoducto

Foto: Mongabay Latam

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La deforestación de bosque nativo y la falta de permisos ambientales en la construcción de la tubería habría causado daños ambientales y culturales a la comunidad Siona de San José de Wisuyá en la ribera del río Putumayo, entre Ecuador y Colombia.

Durante más de dos años la comunidad ha buscado reparación por parte de las empresas que construyeron el oleoducto, pero ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio de Ambiente han dado, hasta ahora, una resolución definitiva a sus reclamos.

Un oleoducto que cruza el río Putumayo desde Colombia hacia Ecuador fue la solución que encontró la compañía Amerisur Resources para los largos viajes de traslado de crudo desde esta zona limítrofe en la Amazonía hacia las ciudades de Mocoa en el departamento del Putumayo y Neiva en el Huila. Esta alianza con la petrolera ecuatoriana PetroAmazonas permitió ahorrar costos de transporte y evitó el pago de la famosa “vacuna” ?impuesto paraestatal que cobran los grupos armados colombianos para mantener una convivencia relativamente pacífica en las zonas en las que operan?.

El oleoducto atraviesa parte del territorio de la comunidad indígena siona de San José de Wisuyá, en la provincia de Sucumbíos, en el norte de Ecuador, y aunque la tala de bosque se venía dando desde mediados de 2015, solo hasta noviembre de ese año los Wisuyá se dieron cuenta de que los trabajadores de Amerisur estaban destruyendo selva en su territorio. Uno de los taitas (mayores en su idioma) escuchó ruidos extraños en el bosque no muy lejos de su casa y cuando fue a ver qué pasaba, encontró una cuadrilla de obreros y maquinaria desbrozando el bosque para hacer una vía de acceso.“Estaba todo tumbado cerca de su casa. No le dijeron nada”, dice uno de los dirigentes de la comunidad.

En el convenio entre Amerisur y PetroAmazonas, esta última asumía como su obligación “las relaciones con las comunidades locales”. Debía, además, conseguir todas las licencias que la legislación ecuatoriana le exigiera, entre ellas, la licencia ambiental —el permiso que el Ministerio de Ambiente otorga previo a la ejecución de cualquier proyecto para prevenir, mitigar o corregir los efectos ambientales imprevistos que se produjeran—. El día en que el taita encontró a los trabajadores de Amerisur tumbando árboles ancestrales y adentrándose en el territorio que los Siona consideran sagrado, la construcción del oleoducto no tenía ese permiso.

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