Es momento de golpear a Ecuador con aranceles su mala fe contra Chevron

Chevron solicitó que se suspendiera o retirara la designación de Ecuador en el SGP a raíz del incumplimiento de dicho país de numerosos laudos arbitrales dictados tras la sentencia fraudulenta del caso Lago Agrio.

Forbes - Michael I. Krauss 28/11/2018

Hace más de 25 años, Texaco Petroleum (“TexPet”) operó un consorcio junto con una empresa estatal ecuatoriana, Petroecuador. En relación con su salida de dicho país en 1992, TexPet entró en diversos Acuerdos de Conciliación y Liberación con el gobierno de Ecuador, en virtud de los cuales el gobierno acordó liberar a TexPet de toda responsabilidad por reclamaciones ambientales a cambio de que TexPet remediara el área. TexPet financió la remediación, que el gobierno de Ecuador supervisó y confirmó en 1998 en un acuerdo de liberación. [No obstante, Petroecuador continuó operando y explotando el área y probablemente causó problemas ambientales que siguen existiendo]. A pesar de estos acuerdos, en mayo de 2003, un grupo de individuos de Lago Agrio, Ecuador, demandaron a Chevron (adquirente de TexPet) por supuestos daños ambientales causados por TexPet.

Los abogados de los demandantes de Lago Agrio  se embarcaron en una estrategia de litigio que incluyó corromper a jueces y peritos nombrados por la corte y pagar sobornos, además de falsificar pruebas y firmas, con el fin de obtener una sentencia de US$ 18.000 millones contra de Chevron (que una corte de apelaciones ecuatoriana redujo a US$ 9.500 millones). He analizado esta triste saga en numerosas columnas anteriores.

Para hacer valer sus derechos en virtud de los Acuerdos de Conciliación y Liberación, en septiembre de 2009, Chevron presentó una demanda de arbitraje contra la República del Ecuador bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre los EE. UU. y Ecuador. El arbitraje se llevó a cabo ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Chevron alegó, entre otras cosas, que Ecuador había incurrido en denegación de justicia en su contra mediante los procesos fraudulentos llevados a cabo en cortes ecuatorianas.

Todo esto afecta el estado comercial de Ecuador con Estados Unidos mediante el Sistema Generalizado de Preferencias (“SGP”). El SGP es un programa de comercio estadounidense que elimina los aranceles sobre productos importados de países beneficiarios designados. Ecuador es el octavo beneficiario más grande del SGP. Para mantener su elegibilidad, los beneficiarios deben “actuar de buena fe al reconocer como vinculantes o exigibles los laudos arbitrales dictados a favor de ciudadanos o [corporaciones] estadounidenses”. En 2012, Estados Unidos suspendió la elegibilidad de Argentina tras determinar que dicho país no había ejecutado los laudos arbitrales a favor de dos compañías estadounidenses. El SGP de Argentina fue restaurando en enero de 2018 después de que resolvió las controversias pendientes.

El 2 de octubre de 2012, Chevron solicitó que se suspendiera o retirara la designación de Ecuador en el SGP a raíz del incumplimiento de dicho país de numerosos laudos arbitrales dictados tras la sentencia fraudulenta del caso Lago Agrio. El Subcomité del SGP llevó a cabo audiencias en enero de 2016 y septiembre de 2017 para tratar la petición de Chevron y en forma reciente anunció que realizaría una tercera audiencia el 29 de noviembre de 2018.

Ecuador ha incumplido las obligaciones impuestas por el SGP frente a Chevron desde el inicio, pero en la audiencia de noviembre Chevron presentará pruebas aún mejores de la perfidia ecuatoriana.

• El 25 de enero de 2012, el Tribunal arbitral emitió su Primer Laudo Provisional en el que ordenó a Ecuador “tomar todas las medidas a su disposición para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento, dentro y fuera de Ecuador, de cualquier sentencia contra Chevron en el caso de Lago Agrio”.
• El 16 de febrero de 2012, el Tribunal dictó su Segundo Laudo Provisional en el cual ordenó nuevamente a Ecuador adoptar “todas las medidas necesarias” para suspender el reconocimiento y la ejecución de la sentencia de Lago Agrio.
• Ecuador no adoptó medida alguna para cumplir el Primer o el Segundo Laudo Provisional. En lugar de ello, el 3 de agosto de 2012 declaró que la sentencia de Lago Agrio era definitiva, exigible y sujeta a ejecución dentro de Ecuador. Poco después, los mismos abogados que aseguraron la sentencia de Lago Agrio iniciaron acciones de ejecución contra los activos de Chevron en Canadá, Brasil y Argentina.
• El 7 de febrero de 2013, el Tribunal emitió su Cuarto Laudo Provisional [1] en el que declaró que Ecuador había infringido el Primero y el Segundo Laudo Provisional al no emprender “todas las medidas necesarias para suspender o hacer que se suspenda” la ejecución y el reconocimiento de la sentencia de Lago Agrio contra Chevron.
• Desde 2013 hasta 2018, Ecuador rehusó adoptar medidas para cumplir los Laudos Provisionales del Tribunal. Por el contrario, apoyó públicamente las acciones de ejecución en Argentina y Brasil, las que resultaron fallidas puesto que dichos países invocaron la naturaleza fraudulenta de la sentencia.
• El 31 de agosto de 2018, el Tribunal emitió el Laudo decisivo del Track II.  Ya no se trataba de un laudo provisional, sino de una resolución en cuanto a los méritos de la cuestión. El Laudo del Track II determinó que había pruebas “contundentes” de que la sentencia de Lago Agrio era fraudulenta y corrupta y que no debería ser ejecutada en ningún lugar del mundo. “A falta de una confesión firmada”, el Tribunal determinó que las pruebas entregadas “por medio de documentos, vídeos y testimonios, debe ser la evidencia de fraude más completa que se haya presentado nunca ante un tribunal arbitral”. El Tribunal sostuvo que “al emitir, permitir la ejecución y ejecutar… y, a sabiendas, facilitar la ejecución [de la Sentencia de Lago Agrio]”, Ecuador “incurrió en denegación de justicia” contra Chevron, tanto en virtud del tratado de inversión como del derecho consuetudinario internacional. El Tribunal ordenó otra vez que Ecuador adoptara “medidas inmediatas” para “quitar el estado ejecutable de la sentencia de Lago Agrio”.
• Ecuador ha declarado que su meta “fundamental” es “evitar” la ejecución del Laudo del Track II y ha continuado uniéndose abiertamente a los esfuerzos de los abogados de los demandantes de Lago Agrio para ejecutar la sentencia, incluso continúa trabajando estrechamente con Pablo Fajardo, el mismo abogado que, según el Tribunal, ha cometido actos de corrupción.

La legislación de Estados Unidos impide que un país que ignora laudos arbitrales a favor de compañías estadounidenses acceda a las preferencias comerciales otorgadas en virtud del programa SGP. El 29 de noviembre el SGP tendrá oportunidad de hacer valer las leyes estadounidenses. Esperemos que así lo haga.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí

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