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Comunidades analizan acciones contra la minería

El Estado tiene firmado un TBI con la empresa INV Metals por el proyecto Loma Larga. La suspensión de la mina abre la ventana a un posible arbitraje internacional.

El Telégrafo 18/03/2019

Foto: El Telégrafo

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Tanto el Gobierno ecuatoriano, la empresa canadiense INV Metals y la población de Azuay se encuentra a la expectativa de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, respecto a la consulta popular en Quimsacocha, que definirá el futuro de la producción de Loma Larga.

Se trata de un proyecto de oro, plata y cobre. Actualmente está en una fase de exploración avanzada y de evaluación económica.

En enero finalizó el estudio de factibilidad del proyecto. Sin embargo, en 2017 ya se establecieron los flujos de dinero y los beneficios para el Estado y la compañía.

Jorge Barreno, gerente general de la empresa, aseguró que se calcula aproximadamente el pago de $ 554 millones al fisco, durante la vida útil de la mina, estimada en 12 años.

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