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Crónica de una persecución judicial "sistemática, estructurada y enérgica"

El hecho de que casi el 60% de los procesos sean penales evidencia, para la Mesa, el uso del derecho penal como instrumento de persecución durante el correato.

Plan V 27/02/2019

Foto: Plan V

Foto: Plan V

Los testimonios de 247 víctimas y los datos obtenidos de por lo menos 263 procesos judiciales, el 60% penales y por graves delitos, sirvieron a la Mesa de la Verdad y la Justicia para elaborar su informe final, que retrata un sistema judicial al servicio del Gobierno de Rafael Correa y su aparato de propaganda y espionaje, con jueces y fiscales con conductas cuando menos dudosas.

El informe final de la Mesa de la Verdad y la Justicia tuvo un frío recibimiento. En el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, el 25 de febrero de 2019, los integrantes de la Mesa presentaron su documento, sin la presencia de los vocales del nuevo Consejo de la Judicatura (CJ) que a pesar de que fueron invitados no concurrieron. El informe, que fue preparado por los integrantes de la Mesa desde su creación el 20 de agosto de 2018, motivó que, según denunciaron ante la Fiscalía en diciembre de 2018, sufrieran seguimientos y amenazas, que atribuyeron a grupos mafiosos interesados en que no se establezcan responsabilidades de los jueces, fiscales y abogados en los procesos judiciales con los que se persiguió opositores durante la autodenominada Revolución ciudadana.

El gélido recibimiento del informe por parte de la Judicatura definitiva contrastó con el apoyo que recibió la Mesa durante el CJ transitorio, en especial, de la ex vocal Angélica Porras, quien permitió que se le facilitaran las instalaciones del CJ para recibir denuncias y presentar sus conclusiones preliminares, lo que tuvo lugar el 11 de diciembre.

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