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Documentos prueban la metida de mano en la Justicia durante el correísmo
Un documento salió de Presidencia, el otro del mismo Consejo de la Judicatura. El tema fue tratado en el Pleno.
Una disposición emitida durante el gobierno de Rafael Correa evidencia cómo el Ejecutivo tuvo injerencia en la Función Judicial y así afectó los fallos sobre demandas contra el Estado. El 19 de octubre de 2013 se emitió un oficio firmado por la entonces secretaria de Correa y cónsul en Bélgica hasta mayo de este año, Mariana Pico Alvear.
En ese oficio, la orden para los jueces era clara: “No se dé paso a alguna acción de protección en contra del Estado o instituciones similares. De hacerlo, acudiremos al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo y fiscalizador de la Función Judicial”.
Esta orden, según el oficio ‘PR-SSDES-CIRCULAR-RESERVADO’, fue dada por Correa, por intermedio de la Secretaría Jurídica, que estaba dirigida por Alexis Mera. Por el tipo de disposición, el documento señala que es “Reservado CRUZADO con el C.J. (Consejo de la Judicatura)”.
En apenas cuatro líneas se dio la disposición y la pena para quienes no la acaten: la “DESTITUCIÓN”. Así, en mayúsculas. La sanción para los jueces se menciona en la segunda línea, antes siquiera de explicar cuál sería la causal de esa destitución. Y el oficio se cierra con la frase: “Con sentimientos de distinguida consideración”.
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