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Dos visiones waorani se enfrentaron en la CIDH

El Comercio - Ana María Carvajal 20/10/2015

Foto: El Comercio

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Los principales dirigentes de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) mostraron visiones distintas sobre la protección a los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonía: los tagaeri y los taromenane. Alicia Cahuiya fue la primera en ser llamada como testigo en el ‘Caso 12.979 Pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenani’, que entró en la llamada ‘etapa de fondo’ en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que luego podría pasar a la Corte Interamericana.

La Vicepresidenta de la organización indígena considera que la explotación de recursos naturales es la causante de los conflictos que derivaron en esta demanda: las matanzas entre waoranis y tagaeris y taromenanes en los años 2003 y 2006. Lo expuso frente a Rose Marie Antonine, presidenta de la mesa que recibió a la delegación ecuatoriana. Esta fue la única de las cuatro audiencias celebradas ayer a la que el Estado envió representantes.

Mientras tanto, Moi Enomenga, presidente de la Nawe, fue claro al decir que el Estado había firmado varios convenios con su pueblo, para acceso a salud y educación y que había pedido a las autoridades que se archivara el proceso legal en contra de 17 waorani por una matanza y secuestro de dos niñas taromenanes, en el 2013. Para él, se puede proteger a los pueblos en aislamiento voluntario si los waorani trabajan con apoyo del Estado.

El plan de medidas cautelares a favor de los pueblos en aislamiento voluntario, que por recomendación de la CIDH rige en el país desde el 2006, fue el principal alegato de la defensa del Estado ecuatoriano. Sus abogados hicieron hincapié en que se ha aumentado el monitoreo para saber qué zonas cercanas a territorio waorani o pozos petroleros han sido visitadas por los indígenas que han rechazado el contacto.

También testificó en la audiencia Eduardo Pichilingue, quien coordinó la aplicación del plan en sus primeros años y estuvo a la cabeza de la implementación de la estación de monitoreo de Shiripuno. Pichilingue dijo que emitió varios informes sobre el plan, que en sus inicios estuvo a cargo del Ministerio del Ambiente y que ahora es dirigido por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En ellos relató que había pruebas de que en pozos como Armadillo y Hormiguero sur se constató la presencia de los grupos. Y si bien se suspendió la explotación petrolera, luego se la retomó.

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