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El top ten de la injerencia judicial durante el correato

Una reciente publicación evidencia lo que parece ser una relación directa entre los discursos del ex presidente Rafael Correa en las sabatinas y las decisiones de los jueces a cargo de procesos polémicos. Durante una década, el aparato de propaganda del Estado se acostumbró a ventilar mediáticamente las causas judiciales.

Plan V 27/09/2017

Uno de los casos es los que fueron más claras las presiones oficiales fue en los procesos por el 30S, en donde hay varias decenas de personas sentenciadas. Foto: Plan V

Uno de los casos es los que fueron más claras las presiones oficiales fue en los procesos por el 30S, en donde hay varias decenas de personas sentenciadas. Foto: Plan V

Una reciente publicación evidencia lo que parece ser una relación directa entre los discursos del ex presidente Rafael Correa en las sabatinas y las decisiones de los jueces a cargo de procesos polémicos. Durante una década, el aparato de propaganda del Estado se acostumbró a ventilar mediáticamente las causas judiciales.

Se trata de diez casos en los que, al parecer, hay una relación de causa-efecto entre las declaraciones del Jefe del Estado -en ese momento Rafael Correa- y el curso que tomaron igual número de procesos judiciales.

Tras la relevación de una serie de correos electrónicos del Palacio de Gobierno, en los que el ex presidente, al parecer, basado curiosamente en los monitoreos de noticias de la prensa privada, preguntaba a sus ministros y asesores sobre el desarrollo de procesos en contra de opositores y enemigos políticos, realizada por un medio internacional, cobró fuerza el debate sobre la injerencia del Ejecutivo de Rafael Correa en la justicia durante la década que administró el país.

Las filtraciones fueron publicadas a finales de agosto de 2017 por la periodista venezolana Patricia Poleo, e incluyen intercambios electrónicos entre Correa y varios de sus funcionarios, como el  exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; Johanna Pesántez, ministra de Justicia; Carmen Simone, viceministra de Justicia; Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura; Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional; Diego Guarderas, subsecretario de Justicia y Xavier Cazar, un abogado esposo de Johanna Pesántez.

Aunque el Gobierno correísta no ocultó nunca su intención de “meterle la mano a la justicia” y fue evidente que los equipos jurídicos del Estado concurrían a los tribunales en contra de opositores y críticos del correato, la dudas se centran ahora en presiones mucho más profundas contra los jueces, que, en algunos casos, han asegurado que se realizaban por medio del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), el órgano disciplinario de la Función Judicial, presidido por el ex secretario privado de Correa, Gustavo Jalkh.

Jalkh dijo también que los jueces serían los responsables de haberle hecho o no caso a las declaraciones del presidente Rafael Correa en sus decisiones, mientras que no menos de 40 ex jueces y funcionarios judiciales denunciaron que fueron destituidos de sus cargos por no ceder a las presiones del Gobierno en varios casos.

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