Hace un año se derramaron 15.000 barriles en la Amazonía

El 7 de abril de 2020 ocurrió uno de los derrames más grandes que se han registrado en la Amazonía ecuatoriana. Sucedió en el sector de San Rafael, provincia de Napo, tras el hundimiento de tierra por la erosión del río Coca. Los oleoductos SOTE y OCP y el poliducto Shushufindi-Quito se rompieron.

Hace un año se derramaron 15.000 barriles en la Amazonía / Foto: El Oriente

El 7 de abril de 2020 ocurrió uno de los derrames más grandes que se han registrado en la Amazonía ecuatoriana. Sucedió en el sector de San Rafael, provincia de Napo, tras el hundimiento de tierra por la erosión del río Coca. Los oleoductos SOTE y OCP y el poliducto Shushufindi-Quito se rompieron.

Plan V publicó el 15 de septiembre 2020 un reportaje sobre el derrame. “Del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) –operado por la empresa del mismo nombre– salieron 6.850 barriles de crudo; del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) –operado por Petroecuador–, 7.400 barriles; y del Poliducto Shushufindi-Quito –también manejado por Petroecuador– se vertieron 762,43 barriles de gasolina base. Es decir, 15.012,53 barriles”.

El 21 de septiembre 2020, representantes de OCP, Petroecuador, Ministerio de Energía y Recursos no renovables, y del Ministerio de Ambiente comparecieron virtualmente a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Andrés Mendizábal, presidente de OCP, manifestó que participaron 1.200 personas en los trabajos de limpieza que duraron desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. La inversión fue de $ 20.1 millones.

El Comercio publicó que “alrededor de 363 kilómetros de riberas de los ríos Coca, Napo y Quijos, y 218 hectáreas en 108 comunidades de las provincias de Sucumbíos y Orellana se han intervenido para limpiar el derrame de petróleo”.

Los afectados interpusieron una demanda de acción de protección en Orellana el 29 de abril. Sin embargo, el 1 de septiembre, el juez Jaime Oña, de la Unidad Judicial Multicompetente de Orellana, la negó.

El 24 de marzo de este año, la Corte Provincial de Orellana negó la apelación de las comunidades kichwas y organizaciones sociales. Tras esta decisión, los abogados demandantes anunciaron la posibilidad de ir a cortes internacionales.