Informe: Actuación de jueces y fiscales fue parcializada

Los detalles de estas “irregularidades” judiciales durante el anterior Gobierno fueron recogidos por la Mesa de la Verdad y la Justicia. Hoy serán presentados públicamente.

En septiembre, afectados pusieron denuncias contra jueces y fiscales en la Judicatura. Foto: El Comercio

El informe habla de detenciones ilegales, de allanamientos sin órdenes judiciales, de opositores al correísmo que fueron vinculados cuando las investigaciones estaban a punto de cerrarse, de violación de garantías al debido proceso.

Los detalles de estas “irregularidades” judiciales durante el anterior Gobierno fueron recogidos por la Mesa de la Verdad y la Justicia. Hoy serán presentados públicamente.

El caso de Margoth Escobar aparece en ese documento. Ella fue procesada en el 2015 por protestar contra un proyecto petrolero y le abrieron un expediente por ataque y resistencia, un delito penado con cárcel de seis meses a dos años.

Ahora recuerda que un juez la llamaba a audiencias reservadas en feriados o en la madrugada. Dice que el magistrado incluso aceptó una acusación particular cuando ya había terminado la fase de investigación. Escobar contó estos detalles en una audiencia pública ante los cinco integrantes de la Mesa, creada por el Consejo de la Judicatura el 21 de agosto del año pasado.

De los 247 casos que llegaron a la Mesa, en similares diligencias se conocieron los testimonios de 77 personas que dijeron haber sido perseguidas por jueces y fiscales durante la época del correísmo.

Tras analizar estos casos, la Mesa estableció 14 conclusiones. En una de estas se dice que entre el 2007 y 2017 “existió persecución política” y que el sistema judiciales irrespetó los procesos. Por eso, la Mesa identificó 493 indicios que alertan violaciones al debido proceso. En el informe también consta el caso de 23 autoridades indígenas de Cañar Alto. Ellos fueron procesados por secuestro, daño al bien ajeno y secuestro extorsivo. 

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