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La Justicia Correa-Jalkh es un fiasco

4 Pelagatos - Roberto Aguilar 27/01/2017

Foto: 4 Pelagatos

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Nadie conoce mejor el sistema de justicia que quienes tratan con él todos los días: los abogados. Y en el Ecuador, lo que ellos han visto no les gusta nada. Una encuesta realizada por la facultad de Matemáticas y Física de la Universidad Central para el Colegio de Abogados de Pichincha arroja resultados desalentadores. Revela que la mayoría de profesionales del Derecho, al menos en Quito, desconfía del sistema y de los jueces; deplora el bajo nivel jurídico de sus decisiones; duda abiertamente de su independencia. Mientras el gobierno proclama que su reforma judicial es un “referente para el mundo”, los abogados y la realidad dicen que es nefasta.

El 69 por ciento de los encuestados por la facultad de Matemáticas piensa que el estado de la administración de justicia en el país se sitúa entre malo (40 por ciento) o pésimo (29 por ciento). Mientras tanto, Rafael Correa luce la medalla que le dieron nomás hace un mes y que lleva el ostentoso nombre de Gran Cruz de la Orden de la Justicia. El secretario general de la Confederación de Ministros de Justicia de Iberoamérica, Arkel Benítez, impuso la condecoración y dijo que gracias a las políticas del presidente se podía hablar en el Ecuador de una “Justicia con mayúsculas”. Claro que un discurso como el suyo, en una ocasión como ésa, que el presidente encontró “histórica”, no tiene porqué guardar relación alguna con la realidad.

Los abogados de Pichincha saben de casos que Arkel Benítez ignora pues él no se ocupa de detalles. Han leído la carta dirigida por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a la Corte Provincial de Justicia de Manabí en febrero de 2014, con amenaza de sanción a los jueces constitucionales que insistieran en tramitar las demandas contra el Estado interpuestas por un grupo de docentes que reclamaba sus liquidaciones. Se enteraron también los abogados de las presiones ejercidas sobre el juez Wilfrido Erazo para evitar que falle a favor de los representantes de los casinos en otra demanda contra el Estado. Circularon la carta de renuncia de Miguel Antonio Arias, juez de Garantías Penales de Cuenca, que incluía esta acusación: “el poder político de turno ha impuesto su propia agenda en la administración de justicia, función que dirige y controla a través del Consejo de la Judicatura”. Y entendieron perfectamente el mensaje que el presidente Correa lanzó a los jueces de la Corte Nacional en la misma ceremonia de su investidura (enero de 2012, Teatro Sucre de Quito), cuando les contó cómo era el fallo que esperaba en el juicio que él, a título personal, seguía a diario El Universo.

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