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La Justicia participó en la persecución política en el ‘correísmo’
Desde agosto del año pasado, la Mesa recibió documentación de procesos judiciales y administrativos, y escuchó a las víctimas en audiencias públicas.
Entre 2007 y 2017, durante el régimen de Rafael Correa, el aparato de justicia, en lugar de proteger los derechos constitucionales, los violó. Así, los jueces se encontraron a la “vanguardia de la persecución de grupos con ideas políticas opuestas a las mayoritarias”.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más. Ayer se presentó el informe final, que estudió 247 casos. Desde agosto del año pasado, la Mesa recibió documentación de procesos judiciales y administrativos, y escuchó a las víctimas en audiencias públicas.
El resultado: “Efectivamente existió persecución política y criminalización de la protesta social, por parte del Estado”, confirmó Paúl Jácome, presidente de la Mesa. Una persecución “sistemática, estructura, enérgica y deliberada”, en contra de quienes se opusieron al régimen correísta o sus políticas.
Los 10 miembros de la Mesa identificaron un patrón, en el que la persecución no fue aislada y en la que varias instituciones de un Estado autoritario, además del aparato de justicia, participaron. Además, se instituyó una “política comunicacional perversa”, que calificaba de “delincuentes, odiadores, enemigos del Gobierno y del pueblo” a los opositores, según Angélica Porras, exvocal del Consejo de la Judicatura transitorio.
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