La minería ilegal es declarada una amenaza a la seguridad del Estado

Este flagelo es parte de la cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos; convirtiéndose en una estructura delincuencial

Este flagelo es parte de la cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos; convirtiéndose en una estructura delincuencial / Foto: Secretaría General de Comunicación de la Presidencia

Ayer, 26 de enero, el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, anunció algunas de las resoluciones tomadas por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para luchar frontalmente contra la minería ilegal. Entre ellas se destacan la declaratoria de esta actividad y todas las conexas como una amenaza a la seguridad integral del Estado. Así informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

Ordóñez detalló que el Cosepe tomó esta decisión tras revisar de forma minuciosa el impacto y los daños que actualmente representa la minería ilegal en el ámbito ambiental, laboral y, principalmente, de seguridad. Este último tema debido a que este flagelo es parte de la cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos; convirtiéndose en una estructura delincuencial.

Además, informó que el Cosepe definió que para enfrentarla “se aprobó la estrategia de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado y que se respaldaría a las concesiones mineras legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades en ejecución de sus contratos, licencias y autorizaciones”.

Notificó que hay algunas acciones que se prevén cumplir como el reordenamiento normativo para establecer registros, controles y supervisión estatal en relación a actividades que coadyuvan a la minería ilegal, lo que constará en un Decreto Ejecutivo que próximamente emitirá el Presidente de la República.

También se revisará el esquema de sanciones y la participación de Policía y Fuerzas Armadas en operativos. El Cosepe además ratificó que estas fuerzas del orden tendrán la obligación del aseguramiento de todo el territorio nacional para garantizar la paz y el cumplimiento de actividades legalmente autorizadas.