La tensión de las calles se traslada a la Asamblea

Incidente, en el Pleno de la Asamblea, marcó la aprobación del veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos.

Foto: Expreso

Fanny Uribe, asambleísta de Avanza, intentó llegar hasta la curul de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga. Quería enfrentarla, directamente, por sus acusaciones. Pero tres miembros de la Policía le cerraron el paso.

Este incidente, en el Pleno de la Asamblea, marcó la aprobación del veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos.

En la sesión hubo tres protagonistas. Aguiñaga empezó. Ella dijo que en el caso de Uribe sería bueno que los organismos de control del Archipiélago auditen la cadena de ferreterías que tiene la familia de la legisladora. También dijo que, años atrás, habían encontrado "pepinos de mar en el patio de la casa" de la parlamentaria.

La segunda vicepresidenta no dejó ahí las cosas. En su discurso también arremetió en contra de su excompañero Ángel Vilema. Lo acusó de ser una persona bien acomodada económicamente en Galápagos. Es dueño, reveló, de hoteles y barcos.

"¿Qué culpa tengo yo señorita Aguiñaga, señorita, qué culpa tengo yo que mi padre se haya levantado más temprano que su padre, que mi madre se haya sacado el lomo secando pescado, que mi madre haya sido cocinera para 200 turistas, que mi padre haya sido capitán, marinero, guía, timonel y aceitero? ¿Qué culpa tengo yo que su familia sea vaga?", respondió el aludido.

Aguiñaga quiso replicar, pero los de la oposición protestaron. "Queremos hablar", gritaban. Según Vilema, haber permitido una segunda intervención de Aguiñaga era improcedente. Incluso apeló la conducción de Rosana Alvarado, pero no tuvo el respaldo. Así que ella, siguió dirigiendo la sesión y optó por ordenar la votación del veto del Ejecutivo.

Gabriela Rivadeneira, titular del Legislativo, no estuvo presente en la reunión.

Así se aprobó una ley que tiene varios puntos polémicos: la fijación de los salarios con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC); una nueva forma de cálculo para la entrega de recursos a los municipios; y la facultad para que las fundaciones y embarcaciones turísticas vendan artesanías.