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Las huellas que condujeron a la cúpula correísta a los tribunales

Facturas, correos, chats y otros indicios apuntan al cometimiento de varios delitos. La Fiscalía cuenta con miles de documentos que señalan a la cúpula.

Expreso - Marieta Campaña 09/08/2019

Versión. Pamela Aguirre respondió al segundo llamado de Fiscalía que se hizo bajo prevenciones de ley. Foto: Expreso

Versión. Pamela Aguirre respondió al segundo llamado de Fiscalía que se hizo bajo prevenciones de ley. Foto: Expreso

La huella de lo que la fiscal general Diana Salazar describió como una “bien estructurada organización delictiva de funcionarios públicos” y contratistas estatales, quedó en facturas, recibos, correos, mensajes, chats, cuadernos, computadoras... En el proceso ‘Sobornos 2012-2016’, que investiga los supuestos aportes ilegales de contratistas del Estado al movimiento PAIS, están las constancias de aquello. Muchos ya pasaron por el análisis de peritos. Los informes han sido ya presentados en la Fiscalía. Los documentos muestran que, presuntamente, Rafael Correa siempre estuvo al tanto de los movimientos de sus funcionarios.

Eso se evidencia en los mensajes de WhatsApp que su exasesora Pamela Martínez intercambió con funcionarios, vocales de la Judicatura, jueces, fiscales y otros. Ella siempre habla de las disposiciones del ‘Jefe’, habla de ‘SP’.

Y por si existían dudas de quien era SP, el propio Correa en su cuenta Twitter lo aclaró cuando trataba de desvirtuar los señalamientos de aportes ilegales al que fue su partido. Exhibió recibos de aportes a un presunto fondo solidario que manejaba su exasesora. Son montos de 380 dólares. “Para FS de parte de SP”, dice un recibo de 11 de diciembre de 2014. Tiene una firma y debajo las iniciales PM.

Por inocencia, descuido, exceso de confianza, mal cálculo o cualquier otra circunstancia, esos rastros ahora podrían costarles a los sospechosos hasta 15 años de cárcel, en caso de ser hallados culpables. La Fiscalía investiga al menos tres delitos en la trama de aportes ilegales: cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurrencia real de infracciones cuyas penas van de entre tres y cinco años cada uno.

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