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“Les pasan un poco de corriente y dicen tortura”

4 Pelagatos - Daniela Salazar 20/09/2016

Para el abogado que defiende a los policías, tortura es que te cuelguen de los testículos pero no que te pasen un poco de corriente. Así de burdo fue su argumento para defender a los aproximadamente 80 efectivos policiales de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en el marco de una audiencia de hábeas corpus celebrada el 5 de septiembre con el objeto de proteger a los internos del Centro de Rehabilitación Social Turi, que fueron víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos el pasado 31 de mayo.

Si aún no han visto los videos de lo ocurrido en Turi, véanlos ahora. No esperen más. Son espantosos, pero no miren para otro lado. Se trata de uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos ocurridos bajo el gobierno de la revolución ciudadana, y al mismo tiempo se trata de uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación. No podemos permanecer indiferentes ante este flagrante atropello a la dignidad de las personas privadas de su libertad.

La violencia que los policías utilizaron contra los presos es realmente perturbadora. Les confieso que estoy tan impactada con las imágenes que me cuesta narrar lo que se observa en los vídeos. El primer juez que tuvo conocimiento del caso, lo resumió así: “con absoluta claridad, se verifica que ingresa personal del grupo UMO en el pabellón de Mediana Seguridad JC en el tercer piso del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur Turi, quienes dan la orden a los privados de la libertad que salgan con de sus celdas al patio, los agentes policiales, ingresan a las celdas de los privados de la libertad con golpes de puño y golpes de toletes en sus espaldas, estando fuera de sus celdas les reciben con golpes, piden que se pongan boca abajo, les golpean en sus glúteos, piernas y espaldas, después de agredirlos en su integridad física, y ponerles corriente, les obligan a desnudarse y hacer sapitos en el pasillo del pabellón, les hacen poner en cuatro. Se observa la presencia de gases…”. Noten que fueron al menos tres horas de tratos inhumanos, grabadas en más de siete horas de vídeo, por lo que cualquier intento por narrar tanto dolor en un párrafo es iluso.

Si bien las imágenes no tienen audio, antes de que supiéramos de la existencia de los videos las víctimas ya narraron ante el juez que mientras les tenían boca abajo en el piso y les golpeaban, los agentes del grupo UMO les gritaban que no se atrevan a mirarles, que los presos no tienen ningún derecho, y que ellos [el grupo UMO] tienen autoridad de desaparecerles. Las víctimas también afirman que los policías les advirtieron: “esta es la presentación del nuevo grupo UMO … no somos sus amigos, así les va a ir si se portan bien y si se portan mal les va peor, ustedes son escoria, el desecho de la sociedad, y quien manda aquí somos nosotros, están en el infierno.” Ciertamente los trataron como escoria.

Las cárceles, o Centros de Rehabilitación Social como este gobierno pide que les llamemos, están a cargo del Ministerio de Justicia, por lo que sus abogados también han tenido que ofrecer explicaciones. Ante el primer juez que tuvo conocimiento del caso, la abogada del Ministerio de Justicia alegó que se trató de un “operativo preventivo”, que “los señores agentes de policía tuvieron que actuar de esa manera, por cuanto se vieron vulnerada o amenazada la integridad física de las personas”, y, por supuesto, que “no es la intención del Ministerio del Interior o de Justicia, o de alguna autoridad estatal permitir que se vulneren los derechos de los privados de la libertad”.

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo y hasta ahora –finales de septiembre- el Ministerio no ha podido explicar qué era lo que el operativo trataba de prevenir o cuál era la supuesta amenaza. A pesar de tener bajo su control todos los sistemas de seguridad de las cárceles que administran, no han podido mostrar vídeos o evidencia alguna capaz de demostrar, como aseguraron al juez, que los presos provocaron estos hechos. En cuanto a la intención, la abogada que defiende los intereses del Ministerio olvidó por completo que el Estado al tener el control efectivo de los centros de privación de libertad, los agentes estatales son responsables objetivamente por los daños que se produzcan, independientemente de si tenían o no la intención de generarlos.

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