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Perseguidos políticos en Ecuador piden ‘descorreizar’ la Justicia

La Judicatura creó una mesa para investigar si se usó el sistema judicial para persecuciones.

La Hora 22/08/2018

Foto: La Hora

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“En época del correísmo, esto hubiera sido una actividad subversiva para atentar contra el Estado”. Lo decía ayer, Pablo Castro, un joven que ahora estudia leyes, pero que en 2012 fue detenido y acusado de terrorismo. Él es uno de los ‘10 de Luluncoto’, uno de los cientos de perseguidos políticos durante el gobierno de Rafael Correa. 

En el último piso del Complejo Judicial Norte, en Quito, estaban reunidos los ‘10 de Luluncoto’, los ‘3 de Cotopaxi’, ‘los 29 de Saraguro’. En sillas y de pie también, estaban los policías y otros detenidos y acusados de provocar un supuesto golpe de Estado durante el 30S. También se encontraban periodistas judicializados, dirigentes sociales encarcelados y abogados que defendieron las causas de los perseguidos políticos.  Más de 200 personas se reunieron, pero no en una actividad subversiva, sino para el lanzamiento de una mesa del Consejo de la Judicatura que investigará si se usó el sistema judicial para perseguir a opositores políticos del Régimen anterior. 
 

Investigación 
“La independencia de las funciones y el respeto de los Derechos Humanos fueron violados durante la década pasada y, lo más grave, es que el órgano llamado a proteger, el sistema judicial, ha sido utilizado para perseguir, encarcelar y amenazar”. 

La vocal temporal de la Judicatura, Angélica Porras, cuestionó las acciones de jueces, fiscales y exfuncionarios públicos y anunció que la Mesa por la Verdad y Justicia recogerá la información de los casos, analizará los datos y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones que estará listo para diciembre de este año y que será entregado a las autoridades competentes. 

El objetivo es “evidenciar las prácticas de injerencia en la Justicia, contribuir a desmontar los mecanismos de persecución política y formular recomendaciones que permitan emprender acciones de reparación”, añadió. 

Dentro de la mesa se crearán comisiones, en las que participarán organizaciones de Derechos Humanos, para determinar si hubo irregularidades y, en caso de detectarlas, sancionar a los responsables. 

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