Una oleada de casos de corrupción golpea Ecuador en medio de la pandemia

Cientos de irregularidades en compras de material médico descomponen los tres niveles de la Administración. Hay 17 detenidos, entre ellos el expresidente Bucaram

Foto: El País

El coronavirus ha dejado una herida expuesta en Ecuador, que se suma a las deficiencias del sistema de salud pública para enfrentar una epidemia sanitaria que suma casi 41.000 contagiados y 3.486 fallecidos. La corrupción ha infectado los tres niveles del Estado: central, provincial y municipal. En los casi tres meses que lleva el decreto presidencial de estado de emergencia, que agiliza la contratación pública relajando los controles previos, se han destapado cientos de irregularidades en la compra de materiales médicos como mascarillas, pruebas de la covid-19 o bolsas para transportar cadáveres. La Fiscalía ha iniciado al menos 141 investigaciones relacionadas con la epidemia, la Contraloría está examinando el uso de dinero público en cerca de 200 contratos y han sido descabezadas instituciones públicas como la Seguridad Social o la Secretaría General de Riesgos. Las pesquisas han derivado esta semana en un megaoperativo entre Quito y Guayaquil, la capital y la ciudad más golpeada por el coronavirus, con el resultado de 37 allanamientos y 17 detenciones, entre ellas, la del expresidente Abdalá Bucaram y la de la máxima autoridad del Gobierno provincial de Guayas.

La primera alerta saltó apenas dos semanas después de que el Gobierno de Lenín Moreno decretara el 17 de marzo el estado de excepción, suspendiera las clases y la jornada laboral e impusiese toque de queda para que los ecuatorianos permaneciesen aislados en sus casas. En esos días, el Registro Civil anotaba ya medio millar de defunciones diarias en Guayaquil —cuando el promedio normal es de medio centenar al día—, y los hospitales se llenaban de pacientes. A la vez, el portal oficial de compras públicas reflejaba un contrato, bajo modalidad de emergencia, de un millón de dólares en el que el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) estaba dispuesto a pagar 12 dólares por mascarilla, cuando el precio de mercado era de cinco dólares. La transacción le costó el puesto al director del IESS, a los responsables de la adquisición y, finalmente —tras dos meses y dos renuncias— al representante del Ejecutivo en el Seguro Social, Paúl Granda.

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